Los cien mil hijos de la madre superiora Isabel Celaá

Probablemente, la ministra de Educación, catedrática de Lengua y Literatura inglesa, se expresó mal, no supo medir el alcance  del verbo pertenecer al despojarlo de cualquiera de sus acepciones cuando con estas palabras: “de ninguna de las maneras, cabe pensar que los hijos pertenecen a sus padres”, pretendió desautorizar la implantación del pin parental de Vox en Murcia. De lo contrario, se desprende que educativamente los hijos de los padres españoles pertenecen al Estado.

Isabel Celá, ministra de Cultura

Los hijos pertenecen a los padres en cuanto vínculo biológico y continuidad de vida de sus progenitores, además de integrantes de la unidad familiar, pero no son pertenencias sobre las que puedan ejercer derechos de propiedad ya que como individuos constituyen proyectos de vida autónoma e independiente.

El debate suscitado no está, pues, en la pertenencia sino en la acotación de las respectivas competencias de los padres y el Estado en la protección y formación integral del menor. No parece razonable privar de toda participación educativa a los progenitores, a quienes les asiste el derecho natural e histórico de haber ejercido en exclusiva tan alto cometido y responsabilidad desde el origen de la humanidad  hasta hace muy poco, a riesgo de que los niños  queden expuestos al conflicto educativo y consecuente desconcierto que genera el recibir determinados principios morales en las aulas y los contrarios en el hogar. En términos de objeción de conciencia cabe diferenciar la Instrucción académica de la Educación, en el sentido de que la primera es inobjetable por su carácter objetivo y científico, mientras que la segunda, la llamada educación en “valores”, es susceptible de orientación ideológica y adoctrinamiento. Ante tal indeseada eventualidad y como medida preventiva en defensa de la libertad de credo: moralidad, sexualidad o conciencia, procede dotar a la sociedad de resortes democráticos que permitan sortear los excesos intervencionistas, en este caso totalitarios, del Estado. A tal fin se aprobó el artículo 27.3 de la Constitución.” Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones”.

Pedro Sánchez  pregona con insistente vehemencia la voluntad del Gobierno de desjudicializar la política, sin embargo, su ministra de Cultura acaba de anunciar su disposición de llevar a los tribunales al Gobierno murciano si no retira el pin parental. Quizá el presidente de la nación se refería únicamente a la política relativa a Cataluña, donde se adoctrina a los escolares en el nacionalismo catalán.

Sor Celaá parece mostrar la severa intransigencia  de la conversa, que ha educado a sus dos hijas en el colegio católico concertado Bienaventurada Virgen María, de Leioa.

                                José Antonio Quiroga Quiroga