Fama de buen gestor

La consideración de buen gestor que cierto número de tudenses tiene del alcalde  Enrique Cabaleiro, se debe, exclusivamente, al número de subvenciones obtenidas últimamente para  determinados proyectos, y a la importancia económica de las mismas. Probablemente tendrían opinión más ajustada si valorasen aspectos como la prioridad en resolver las necesidades más apremiantes, la utilidad real de los proyectos ejecutados o el perjuicio derivado de algunos de ellos, caso de las humanizaciones que  destruyen plazas de aparcamiento.

 Tal reconocimiento comenzó a fraguarse a partir del 2021, año en que estuvieron operativos los fondos europeos NextGeneration del Plan de Recuperación para Europa posterior a la COVID-19, por un total de 2,018 billones de euros, de los cuales a España le corresponden 750.000 millones. La dificultad del Gobierno central de encontrar destino a esta lluvia de millones, ha propiciado que éste resuelva financiar, sin mayores exigencias, proyectos municipales de toda índole. Basta recordar los cinco años de gobierno de Enrique Cabaleiro, anteriores a la aprobación del maná europeo,  que se caracterizaron por la ausencia de obras y la reiterada como absurda presunción de que bajo su inoperante batuta cada año engordaba el Remanente de Tesorería; como si el Ayuntamiento fuese una entidad de ahorro y no de reversión de los tributos en bienes para servicio público. 

                                                        Enrique Cabaleiro, alcalde de Tuy

Para valorar la competencia gestora del alcalde Enrique Cabaleiro, no es necesario referirse al abstruso y tortuoso cambio del sentido de circulación en el casco urbano, a la comercialmente perniciosa peatonalización de la mitad de la C/ Calvo Sotelo, ni tampoco a la innecesaria e intrascendente, salvo la reducción de plazas de aparcamiento, humanización de la C/ Lugo; basta reparar en la definitoria gestión llevada a cabo en la adjudicación, construcción y explotación del  aparcamiento soterrado, cuyo desenlace de renuncia unilateral, nadie duda en calificar de desastroso y gravoso en extremo, salvo el alcalde, que torpemente trata de remendar el daño diciendo que “para nada se ha perdido el tiempo;  y que nada se paga a cambio de nada, ya que ahora se dispone de un anteproyecto de parking, y un estudio de viabilidad”. El anteproyecto solo es válido para la geometría del lugar para el que fue redactado, como el estudio de viabilidad que, a mayores, carece de utilidad por tratarse de la viabilidad empresarial, que no de la correspondiente a la explotación municipal. La particularidad de inservibles, tanto el anteproyecto como la viabilidad, toma cuerpo tras el acuerdo tácito BNG-PSOE,  de no construir un aparcamiento en el subsuelo del actual en superficie (espacio que el BNG reserva en exclusiva para parque arbolado,  sin que le conmueva el grave y prácticamente irresoluble problema que su caprichoso veto genera). Acuerdo al que se adhiere la oposición, pues, si así no fuese, ¿a qué viene que unos y otros propongan comisiones de  trabajo para, “entre todos”,  tratar de encontrar una ubicación de consenso del futuro parking? Del tiempo perdido (unos cuantos años), sobra cualquier comentario.

No es propio de un buen gestor encargar informes, de dudosa valía y coste desconocido, para estimar la cuantía a indemnizar, cifrada en 142.000 euros, estando pendiente el dictamen del Consello Consultivo de la Xunta, que la sitúa, para descrédito de los mismos, en 207.800 euros.

Previamente, como parte de la serie por entregas de este inquietante culebrón,  las cantidades a indemnizar comenzaron con la risible y no justificada cantidad de 11.000 euros, para pasar, en aprobación plenaria, a 74.000 euros; luego, a 142.000 euros, según los referidos informes, y, últimamente, que no finalmente (la cantidad definitiva la establecerán los tribunales), a 207.800 euros. Diríase que el alcalde dosifica el alcance del impacto de la indemnización para  que la ciudadanía se vaya amoldando progresivamente a los golpes antes de recibir el último.

Para serenar los ánimos, en el pleno extraordinario de aprobación de los  presupuestos generales incluyendo la cantidad a indemnizar fijada por el Consello Consultivo, el alcalde se apresuró a declarar que asume la responsabilidad política (de sus propios errores): obviedad inevitable, carente de significado y concreción, que ha debido de dejar a la población tranquilísima y muy satisfecha.

 ¿Qué comporta la asunción de responsabilidades políticas más allá del coste electoral? Nada. Nada que resarza el perjuicio causado ¿Significa entonces que dimitirá, sobre todo si la cantidad a indemnizar afectase seriamente la economía municipal? Cabe, pues, aventurar que, si bien la cantidad reclamada es de tres millones de euros, la que establezcan los tribunales de justicia será superior a la fijada por el Consello Consultivo (207.800 euros), ya que la empresa adjudicataria sale doblemente perjudicada de la renuncia municipal, ya que no construirá el aparcamiento y, consecuentemente, es despojada de la explotación del servicio de garaje por cuarenta años.

El portavoz de C 21 resumió elocuentemente la gestión del alcalde Enrique Cabaleiro, al calificar la indemnización pendiente como “El impuesto de la incompetencia”.

 

                                José Antonio Quiroga Quiroga

 

 

 

Mandatario sin criterio

          A la vista de la insensible obra de “humanización” de la Travesía de Santo Domingo (Tuy), diríase que  en la parte alta del recinto histórico de la “Colina de Piedra” tuvo lugar una erupción volcánica cuyo magma de hormigón está cubriendo, inexorablemente si la Administración competente no lo remedia,  el recorrido de este  entrañable camino en pendiente que discurre entre muros protegidos de mampostería,  que conduce y desemboca en sentido descendente  en el monumento nacional o iglesia que le da nombre.

    Travesía de Santo Domingo (Tuy)

          La desolada aridez de este reguero ceniciento de hormigón, que ahoga cualquier  asomo de brote verde en su pulida y anodina superficie, contrasta bruscamente con los materiales, permisivos con la vida vegetal, e impronta ambiental característicos de los muros de mampostería que lo flanquean, y rompe de manera desconsiderada con el tradicional carácter y  armonía  de este ámbito patrimonial.

                                                    Tramo superior

    Vista superior de la Travesía de Santo Domingo, 

     en que se aprecia una cuña de "encachotado"

    de piedra a modo de caprichosa bisagra

Botón de muestra de injustificada cursilería 

Chimeneas industriales sin el preceptivo revestimiento, 

que contribuyen a la degradación ambiental

Empedrado de una calle de Zufre (Huelva);

si bien mejor el adoquinado de un solo color

          Cuesta creer que la Consellería de Cultura bendiga este tipo de intervenciones que destruyen el encanto propio de los ámbitos tradicionales e históricos, convirtiéndolos en indiferenciadas ramplonerías, pese a que el alcalde sostenga que los informes sectoriales   de esta obra son favorables. Cuando las cosas son contestadas por la ciudadanía,  o salen  mal, el alcalde, Enrique Cabaleiro, acostumbra a declararse profano en la materia, y a escudarse en los técnicos redactores, derivando la responsabilidad política en estos indefensos chivos expiatorios,  no exentos de  incurrir en incompetencia y extravagancias, salvo cuando son funcionarios.

          Todo alcalde debe poseer criterio propio que le permita establecer las directrices fundamentales de todo proyecto que pretende llevar a cabo. Corresponde, pues, a los profesionales la redacción de los proyectos, y al regidor y equipo de gobierno la supervisión y ajuste a las bases de partida . De entrada,  el alcalde no debió aceptar que el proyecto de humanización de la Travesía de Santo Domingo contemplase el firme de hormigón, de marcada evocación industrial, ni enviarlo a Patrimonio porque se aparta de las recomendaciones recogidas  PEPCHA (Plan Especial de Protección del Casco Histórico) en aras de la preservación de los valores ambientales.  

 

                          José Antonio Quiroga Quiroga

Ni Parking, ni Parque: "Fochancas" (socavones)

           La trascendencia de la renuncia del alcalde de Tuy, respaldada por el BNG, a construir un parking en el subsuelo de la zona verde, ocupada “sine die” y durante más de treinta años por el aparcamiento municipal en superficie, sanciona la gobernanza y el mandato del alcalde Enrique Cabaleiro de fracaso estrepitoso.

                   "Fochancas" en el aparcamiento municipal de Tuy

Preocupa que ningún corporativo haya señalado cuál ha sido la desconocida razón por la que las dos empresas concursantes a la construcción y explotación del parking de Tuy, adjudicataria y desestimada, se hayan enzarzado en litigio judicial, que ha supuesto el estancamiento del proceso, y desembocado en posterior renuncia municipal a disponer de este esencial e imprescindible servicio. El portavoz del PP, Nico Montes, despachó este oscuro punto con frívola dosis de opacidad  añadida, diciendo que “estas cosas ocurren todos los días”. Apañado estaría el país si las empresas, porque sí, paralizasen cualquier concurso de obra pública que se les antojase.

Sin duda, el equipo de gobierno incurrió en alguna irregularidad formal en la redacción de las bases y/o adjudicación del concurso. Se comenta que el recurso judicial está fundamentado en que las propuestas de las dos empresas eran diferentes y, por no ser equiparables, la comisión de gobierno estaría impedida de pronunciarse por una de ellas. No parece ortodoxo que las concursantes, y no el Ayuntamiento, sean las que redacten cada una su propio proyecto. Así, pues, sobrevenido el momento de las demandas de indemnización, emerge el error cometido en cuanto que son dos los proyectos que tendrá que abonar el Ayuntamiento.

El debate sobre la construcción de un parking en el subsuelo y  su ubicación, ha discurrido, desde el inicio hasta el presente, enturbiado por acusaciones recíprocas de contradicción de haber defendido desde la oposición la construcción de dos plantas y desde el poder una sola; presidido por una ideología verde radical e ingenuamente ecologista (BNG, de coherencia negativa ya que  mantiene su postura de no ofrecer alternativa alguna) de inadmisión de un parking debajo del futuro parque en superficie, como si ambas cosas fuesen incompatibles; así como falto de perspectiva y de sentido práctico. 

No es cierto que la construcción de un parking de una sola planta de sótano no remedie nada (contempla 80 plazas a mayores de las disponibles), pues no solo permite disponer de un espacio de aparcamiento digno y protegido (ampliable bajo las calles perimetrales); de dotar de licencia de actividad al Centro de Salud, sino también disponer de un parque en superficie, algo que semeja inviable mientras no haya alternativa a la consecuente desaparición del actual aparcamiento en superficie sobre la ocupada zona verde. Es decir,  la renuncia a construir el parking en el subsuelo condena a Tuy a sufrir, por tiempo indefinido, las denigrantes “fochancas”. Adjunto fotos del parque, todavía en ejecución, sobre las instalaciones subterráneas de abastecimiento de agua a Madrid del Canal de Isabel II, como demostración de  compatibilidad de vegetación y arbolado sobre  un espacio practicable en el subsuelo.

  Parque del Canal de Isabel II (Madrid)

Parque del Canal de Isabel II (Madrid)

Parque del Canal de Isabel II (Madrid)

Parque del Canal de Isabel II (Madrid)

Parque del Canal de Isabel II (Madrid)

La causa de fondo de la renuncia al parking no se debe, como engañosamente atribuye el alcalde, al  incremento de precio de los materiales de construcción por la inflación habida durante los dos años de impasse ocasionados por el litigio judicial, sino al agotamiento del abundante remanente de tesorería, dilapidado en buena parte  en el descontrolado gasto corriente y en innecesarias obras de “humanización”(con eliminación de plazas de aparcamiento), que poco o nada han mejorado la calidad de vida de los contribuyentes.

Como resultado de todo este despropósito, el Ayuntamiento se enfrenta a la reclamación de indemnización, por resolución unilateral de contrato, de las dos empresas concursantes, constituidas en UTE (Unión Temporal de Empresas) por importe de tres millones de euros, que supondrían la quiebra técnica del Ayuntamiento. Confiamos en que el previsible fallo judicial estime una cuantía indemnizable menor, pero, probablemente,  muy superior, a los surrealistas once mil euros que aventuró el alcalde para amortiguar el impacto; a los 72.000 euros evaluados por los servicios municipales, y anunciados en un pleno; y a los 142.000 estimados en los informes externos encargados por la alcaldía.

En el terreno de lo anecdótico cabe resaltar la desconcertante declaración del mucho respeto y admiración política del portavoz de C21 hacia el alcalde, expresados durante la sesión plenaria extraordinaria para aprobación de la renuncia a la construcción del parking. Este concejal, de verbosidad pretenciosa y amante de las citas a mayor lucimiento personal,  representa el característico espada, dialéctico-retórico, de salón, inclinado a echarse en brazos de quien le cornea. Quizá el regidor le recompense algún día otorgándole el galardón  de tudense distinguido en los premios anuales Cidade de Tui.

A expensas de lo que dictamine el Consello Consultivo de la Xunta, validación o no de la renuncia corporativa, el futuro inmediato de Tui discurrirá bajo la negatividad de las fochancas: las sempiternas en el suelo de tierra del aparcamiento municipal y la económica que en las arcas municipales generarán las indemnizaciones pendientes.

 

              José Antonio Quiroga Quiroga

Semana Santa menor en Tuy

 

          Desde tiempo inmemorial las fiestas patronales en honor a San Telmo se solapan con la Semana Santa eclipsando con su entrometida e irrespetuosa irrupción verbenera el sábado de gloria y el domingo de resurrección.

          No deben estar muy conformes los cielos con esta injerencia pagana temporal que recorta prácticamente su duración en dos días al relegar los oficios litúrgicos y destruir el espíritu de recogimiento y devoción propio de este tiempo.

          La falta de sensibilidad en la elección de las fechas de las fiestas de San Telmo alcanza también al protocolo. El lunes de San Telmo, día grande por excelencia y último de los nueve anteriores de jolgorio, debería rematar, tras la solemne procesión vespertina del santo, protagonista al que corresponde cerrar los festejos, con la tirada de los tradicionales fuegos de artificio; y no con una vulgar verbena más, a la que, además, asisten muy poca gente porque al día siguiente hay que trabajar.

          Ya porque se debe respetar el tiempo de duración de la semana santa, ya porque, quién sabe, si los cielos contrariados por la acostumbrada falta de observancia y consideración envían como castigo lluvias que deslucen las fiestas patronales, bien en atención a varios considerandos impropios y a los perjuicios que los agentes atmosféricos suelen causar a las mismas, debería abrirse reflexión sobre la conveniencia de despegarla de la semana santa y fijarla para unos cuantos días después.

          "En Tuy  llueve diferente", la semana santa es atípica, y, en fechas señaladas, del cielo cae agua de manera inconveniente.

 

                             José Antonio Quiroga Quiroga

Radio Tui, "apartheid" administrativo y laboral

          Lo retirado de las dependencias de Radio Municipal de Tui de la Casa Consistorial ha propiciado que el funcionamiento de este servicio público se haya ido desenvolviendo un tanto al margen del control de la autoridad municipal,  y, en consecuencia, evolucionase hacia prácticas de dudosa ética, cuando no irregulares reglamentariamente. A ello contribuye  el que los corporativos acuden a la radio con cierta sensación de inferioridad ante la posición de dominio del entrevistador, y de dependencia del medio en cuanto eficaz instrumento  de transmisión de mensajes al electorado; de ahí que mantengan  conveniente relación de cordialidad, rayana en la pleitesía, y nada mejor para ser bien tratados que desentenderse de cuánto ocurre entre bambalinas. Y más todavía  distinguiéndola con un premio.

          De ahí que, relativo a la publicidad que emite la emisora municipal (fuente única de financiación del servicio), ningún corporativo muestra interés alguno en conocer cuáles son las vías de recaudación por este concepto; cuál es el procedimiento que sigue la emisora (el director) para informar a Intervención municipal acerca del número de cuñas emitidas (a partir de las cuales Tesorería calcula las cantidades a ingresar), como tampoco el balance financiero del  coste e ingresos del servicio (notablemente deficitario). Sin embargo, lejos de animar, tratan de disuadir a todo aquel que pretende adentrarse en este asunto, con palabras como, “y a ti qué se te pierde en esto”: mis impuestos, correspondería responder.

          En todo este entramado público-privado, con asomos de tinglado, hay determinados puntos oscuros, incluso graves, en alguno de los cuales trataré de poner el foco; a saber:

         1.- No tiene lógica que se apruebe la Ordenanza del “precio público” por utilización de la emisión municipal de radio para “spots” publicitarios, y, al tiempo, no se habilite la correspondiente sección administrativa de contratación y cobro de tasas; circunstancia que, de entrada, imposibilita que las firmas comerciales puedan publicitarse; proceder atípico, si no irregular, con el que la Administración Local no hace sino promover, indirectamente, la aparición de agentes intermediarios privados para canalización de la gestión correspondiente. La primera e inmediata consecuencia afecta de lleno al denominado “precio público”,  ya que resulta inoperante al ser reemplazado por las ineludibles tarifas que establecen las avispadas agencias publicitarias. Este procedimiento absurdo, y económicamente contraproducente para las arcas municipales, de delegar  la gestión pública en la privada, permite aventurar  que puede responder a una estrategia perversa que posibilita que fructifiquen transacciones éticamente censurables cuando no punibles entre ambas partes.

         2.- Las declaraciones de las agencias a la radio municipal acerca del número y duración de las cuñas publicitarias contratadas no ofrecen garantías de fiabilidad, dada la dificultad de verificación con las realmente emitidas, circunstancia que compromete al director de la emisora en cuanto receptor de las mismas por su vínculo marital con una de las dos agencias. Tampoco ofrece garantías el procedimiento de traslado de la información recibida, vía e-mail,  a Tesorería,  que sigue el director de la radio, pues, al parecer, no va acompañada de las copias de los contratos suscritos. En tal caso, la recepción  de información tan precaria conlleva un acto de fe impropio por parte del tesorero. Se trata, pues, de un circuito con fisuras.

         3.- La inclusión ilegal del logo de Radio Municipal de Tui (RMT) en los  impresos con las tarifas de las cuñas publicitarias de la agencia vinculada al director de RMT, revela el grado de invasión en este medio de comunicación, y de pretendida identificación de la agencia publicitaria privada con este servicio público.  

        4.- En el campo laboral tampoco impera la reglamentación administrativa correspondiente, ya que en la emisora trabajan determinadas personas sin contrato ni salario conocido. En el caso de que obtuviesen retribución alguna, ¿Quién paga y cómo?. Tampoco hay constancia de por quién fueron llamadas y/o admitidas, ni a quien imputar las responsabilidades  de los incidentes que pueden suceder. Tomo como ejemplo de ello, la simpática, espontánea y muy popular persona que los fines de semana conduce un programa musical, por cierto, achicharrado por la publicidad comercial.

      Considero, pues, que la Corporación, mayormente el equipo de gobierno, como responsables de la salud financiera del servicio, y del correcto funcionamiento interno del mismo, tienen el deber de ocuparse del control de la Radio municipal haciendo efectiva la reglamentación administrativa y laboral de aplicación. E, ineludiblemente, acometer la actualización de la Ordenanza, todavía en vigor, de 2006,  relativa a los "spots" publicitarios, estableciendo para las tasas un precio público verdadero.

 

                                José Antonio Quiroga Quiroga

La publicidad de Radio Municipal de Tui, negocio de terceros

 

          Diríase que la “Ordenanza del precio público por la utilización de la emisión municipal de radio para spots publicitarios”, aprobada en septiembre de 2006, y en vigor a día de hoy, cuyas tasas permanecen invariables 17 años después, está redactada para lucro de las agencias publicitarias, a tenor del procedimiento adoptado, atípico en las Administraciones Locales, para su funcionamiento.

      Resulta extraño, pues, que la contratación de las cuñas publicitarias y el abono de las tasas correspondientes no se puedan realizar en las dependencias municipales,  y que, a tal fin, las firmas comerciales tengan que recurrir a agencias privadas,  ajenas al Ayuntamiento, que actúan como intermediarias. Sobre todo cuando este servicio público incumple la regla de suficiencia financiera, de aplicación en la Administración Pública,  pues, como se verá, es altamente deficitario.

       Premio Cidade de Tui a empleados y colaboradores de Radio Tui

          El recorrido del procedimiento es el siguiente: como queda dicho, las agencias son las que, previo cobro de tarifas propias a sus clientes, superiores a los precios de las tasas municipales, insertan las cuñas publicitarias en la Radio Municipal. Luego, a principios de mes, el director de la radio (vinculado a una de las dos exclusivas agencias publicitarias locales), traslada al departamento de Intervención municipal el número de cuñas diarias emitidas por cada agencia. Consecuentemente, y con arreglo a los precios públicos de la añeja, si no obsoleta, Ordenanza, Tesorería emite las correspondientes liquidaciones y los mandamientos de ingreso (firmados por el alcalde), que se cargan en las respectivas cuentas bancarias domiciliadas de las dos agencias.

      A todo esto, procede resaltar que las agencias recurren a trucos para obtener mayor beneficio,  como el de contabilizar el número de cuñas mensuales agrupando diferentes firmas, para así acogerse a los precios de las modalidades de tasas por "paquetes de contratación", pese a que han sido contratadas y tarifadas individualmente. También, el que en esos “paquetes” se incluyen cuñas que superan la duración máxima de 20 segundos que establece la Ordenanza, ya que buena parte de ellas son de 30 segundos, tal y como establece y tarifa una de dichas agencias.

         La cantidad que mensualmente Radio Municipal de Tui recauda por publicidad,  conforme a lo registrado en Tesorería, con una variación ocasional de más o menos treinta euros, es de 2.664 euros; que significan, 32.000 euros al año. Cifra que no cubre, ni de lejos, los salarios de, al menos, tres empleados de la Radio, además de gastos de averías y renovación de equipos; servicio de limpieza, consumo de energía eléctrica, etcétera.  Por el contrario, conforme a los precios de las agencias y  número de cuñas mensuales que declaran, la facturación estimada de ambas oscila entre 145.000 y 160.000 euros al año.

      Sorprenden la renuncia del Ayuntamiento a cobrar las tasas directamente; la pasividad, si no indiferencia, mantenida en el tiempo por las Corporaciones ante el enorme déficit de este servicio público (que redunda en merma de prestaciones a los contribuyentes); la vigencia de tasas congeladas durante 17 años; y más todavía, la reacción de desentendimiento de algunos concejales cuando se les alerta de esta situación. 

          Un precio público deja de serlo si no es efectivo cara al público. El precio establecido en la Ordenanza municipal no lo es ya que los usuarios del servicio pagan unos distintos, los que establecen las agencias intermediarias.

                                            José Antonio Quiroga Quiroga

P.D. Se adjunta copia del impreso de la agencia  publicitaria privada "imos", en el que, indebidamente e impropiamente (apropiación de logo y representación ilícitas) figura el membrete de  RMT ; y copia de la Ordenanza municipal.

                              

 

Sobre el uso inapropiado del infinitivo

          Dejando a un lado la incorrección gramatical del empleo del infinitivo introductorio, también llamado infinitivo independiente o viudo por su carácter impersonal y, verbalmente, intemporal, valgan como ejemplo inicios de expresiones, muy arraigados en los oradores, mayormente políticos, como: Agradecer a…; Felicitar a…; Decir que…;  Manifestar que …; Señalar que … Trasladar a… etcétera, considero interesante reparar en que en este tipo de estructuras verbales es patente la falta de asunción e involucramiento personal, como evidente el posicionamiento neutral si no frío, carente de empatía, del orador, pues, ¿Quién tiene o quienes tienen que agradecer o felicitar; quién dice o quienes dicen o manifiestan tal cosa, los que escuchan, que no disponen de voz,  o el que habla en calidad de representante?  

 El alcalde de Tuy, en la presentación del festival de la Camelia

          Todo político gusta de mostrarse en público partícipe y a la vez transmisor de los sentimientos de la población que gobierna, dicho más prosaicamente, del electorado. Sin embargo, y sobre todo en los actos protocolarios, suelen incurrir en estos deslices o lapsus que pueden poner en cuestión la autenticidad sentimental de lo expresado.

          Huelga indicar que lo correcto, además de conveniente, aunque no está demás reflejarlo,  es decir: Agradezco, quiero agradecer a…; Felicito, quiero felicitar a…; Digo que…

 

          P.D.: Dedicado, humildemente, a los representantes públicos en general, y, en particular, a la Corporación tudense.

 

                                  José Antonio Quiroga Quiroga

 

 

¿Renuncia a construir el aparcamiento, o concesión al BNG?

          El alcalde de Tuy, Enrique Cabaleiro, acaba de anunciar públicamente su propósito de renunciar a la construcción del aparcamiento en el subsuelo del actual municipal en superficie. Si su sorpresiva y desconcertante intención, basada en la inviabilidad financiera a causa de la  la inflación acumulada por la demora en comenzar la obra, se lleva a término (tendría el apoyo del BNG), dinamitaría el pilar central sobre el que gravita la sostenibilidad del comercio local y  el desarrollo de la ciudad.

                          Actual aparcamiento municipal sobre zona verde

          Varias son las  incógnitas administrativas y las sombras políticas que envuelven esta controvertida y enredada adjudicación, que trataré de desplegar:

          1.- Alguna deficiencia deben contener las cláusulas administrativas de la adjudicación de obra y explotación del servicio para que se hayan enzarzado en litigios judiciales la empresa adjudicataria y la desestimada que concursaba a la adjudicación, ya que la Ley de Contratos del Sector Público, art. 86,  faculta al Ayuntamiento para exigir acreditación documental de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

          2.- El sobrecoste de la obra por la inflación acumulada no es razón válida para renunciar o posponer la construcción, ya que un nuevo concurso de obra no evitará dicho sobrecoste; ni tampoco el pago, a mayores, de los daños y perjuicios que por tal causa se ocasionen a la empresa adjudicataria, tal y como establece al art. 208, de la Ley de Contratos del Sector Público.

          3.- Es preciso conocer el importe del sobrecoste de obra y la cantidad a indemnizar a la empresa adjudicataria para poder juzgar si la renuncia es razonable o perjudicial a todos los efectos.

          4.- En cualquier caso, la renuncia por incapacidad financiera revela la reprobada frivolidad  en el gasto del grupo de gobierno en obras de dudosa utilidad, acudiendo sin prudencia ni pudor alguno al Remanente de Tesorería, que contabilizaba doce millones de euros. No tiene, pues,  justificación alguna la renuncia, sobre todo cuando se van a destinar 2,3 millones de euros en la rehabilitación integral de la plaza de abastos y “humanización” de su entorno, que nada van a resolver.

          En el plano político lo primero que sorprende es el cambio repentino de posicionamiento del alcalde, que, en la noche de las elecciones, al ser  preguntado por el posible pacto de gobierno con el BNG, declaró la imposibilidad del mismo al existir el obstáculo insalvable de la construcción del aparcamiento (el BNG no la acepta), obra que consideraba irrenunciable.

          Sorprende, asimismo, acto seguido del anuncio de renuncia, la firma del acuerdo programático con el BNG, que parece proporcionarle, tácitamente y de manera diferida,  al grupo del alcalde en minoría,  la deseada y cómoda mayoría absoluta que las urnas no le dieron.

          Todo este cúmulo de  extrañas e inquietantes circunstancias, alimentan la sospecha de que, al puro estilo de su patrón, Pedro Sánchez, Enrique Cabaleiro, alcalde de Tuy, sin gracia alguna, antepone su estabilidad en el cargo, sus ambiciones políticas, a la estructuración urbanística, desarrollo y prosperidad del municipio que gobierna.

         Cierto que la renuncia evita el error, nunca reconocido, de construir un solo sótano, pero, en cualquier caso, se trata de un fracaso de gestión  indiscutible, de enorme trascendencia.

 

                                     José Antonio Quiroga Quiroga

 

 

 

 

 

 

 

 

Oposición cicatera con las retribuciones del gobierno municipal

           Pueden sentirse satisfechos los portavoces de la oposición del PP y C21 por haberle discutido a la baja las retribuciones de los miembros de gobierno. Una satisfacción proporcional a la magnitud de 20.000 euros anuales, que pretenden ahorrarle a las arcas municipales, respecto de los diez millones de euros de presupuesto anual, más una cantidad importante en concepto de subvenciones.

          Siempre sostuve que, objetivamente,  los salarios deben guardar correspondencia con la transcendencia y responsabilidad del cargo; los de alcalde y concejales delegados lo son de alta importancia. Correspondencia incluso con las cuantías presupuestarias que el titular administra; tal y como sucede en el mundo empresarial, en que el volumen económico de la facturación determina el salario de los ejecutivos.

    Portavoz del PP                               Portavoz de C21    

         Sin embargo, en estos tiempos de reivindicación de salarios justos, no digo dignos por la inconcreción del término, en el pleno de organización de la Corporación, la oposición tudense se los discutió a sus compañeros, aunque rivales, con responsabilidades de gobierno, rechazando la propuesta de retribuir las dedicaciones exclusivas con 24.500 euros brutos anules, repartidos en 14 pagas, que, descontando la aportación a la Seguridad Social, resulta un sueldo mensual neto próximo a 1.400 euros.

         El espíritu fiscalizador de crucero de la oposición parece obviar aspectos asociados al desempeño de un cargo político que deberían ser recompensados económicamente, pero que no se reconocen, como, entre otros: la provisionalidad de la dedicación (máximo cuatro años); la traumática, en ocasiones,  ruptura y desconexión con el ámbito laboral  privado; y la  disponibilidad personal  para asistir a toda suerte de actos institucionales  y eventos en fines de semana y  festivos. Incluso los sinsabores  derivados de la exposición permanente a la crítica pública.

No deberían ser las retribuciones, cuando modestas y/o ajustadas, el objeto de  miramiento y especulación  de la oposición, sino el recto proceder en la gestión de los recursos públicos, la cantidad de  trabajo realizado y el acierto o desacierto de las inversiones.

Apelar a la historia para establecer una comparativa de retribuciones, es remitirse a tiempos no extrapolables ni equiparables en los que imperaba la precariedad y, consecuentemente, la voluntad altruista de los ediles de esos tiempos pretéritos que, en absoluto cabe exigir en la actualidad.

La dedicación y eficacia en la gestión deben venir de la mano de retribuciones adecuadas. La idoneidad personal en el desempeño de las funciones proviene, en principio, de la confianza depositada por los electores en sus representantes. Y el cumplimiento o no de las expectativas corresponde al veredicto  popular a la conclusión del mandato.   

 

                                José Antonio Quiroga Quiroga    

El folclore cateto del acto de constitución de la Corporación tudense

          Bajo las fórmulas juro y prometo, y un protocolo aconfesional, libre de referencias religiosas, los concejales electos aguardaban para prestar juramento (conviene aclarar que la  pretendida como engañosa afirmación de laicismo otorgada a la promesa carece de fundamento, ya que que la palabra jurar proviene de las voces latinas jurídicas, que no eclesiásticas, “ius, iuris”).  Sin embargo, paradójicamente, los representantes del BNG, defensores del laicismo, al ser llamados desfilaron portando en sus manos el símbolo de su credo: la biblia nacionalista-independentista y un clavel; y, “por imperativo legal”,  prometieron cumplir las obligaciones del cargo con lealtad al rey y obediencia a la Constitución. “La aceptación parcial, condicionada o con restricción mental anula el consentimiento y, por tanto, no da derecho  al acta del cargo que corresponda”. Pero hoy día se transige con casi todo, lo cual socava la respetabilidad de las instituciones.

               

                                  Candidata del BNG en el momento de prestar juramento

          Mucho menos aceptable, incluso invalidante, es un juramento condicionado seguido de  un manifiesto ideológico, como el proferido por el representante del BNG, componente senior de la mesa de edad, hombre aquejado de minusvalía sintáctica congénita, que chapotea descoordinadamente en el pantano del lenguaje, al decir, con sonrisa bobalicona de satisfacción por la hombrada: “en Galiza non temos rey”. Exabrupto, además de falso y totalitarista, propio de quien, con absoluta falta de respeto a la solemnidad del acto, se atreve a pronunciarse por boca del pueblo gallego; insolencia que le valió el aplauso de algunos presentes.

          Por estas y otras circunstancias, fue una ceremonia deslucida, carente de solemnidad, y mal rematada: el alcalde ungido, sin asomo de emotividad en su rostro, no tuvo la complacencia cortés de pasarle la palabra a los portavoces de los grupos políticos para que tuviesen la oportunidad de felicitarle por el éxito alcanzado.

 

                              José Antonio Quiroga Quiroga  

 

 

 

Rejones y buenos modales

           A los toros se los rejonea para mermarles fuerza. En la película Gladiator, el César Cómodo clavó, con igual finalidad, un estilete en un costado al general hispanorromano Máximo Décimo Meridio, antes de enfrentarse a él en la arena.

          A los nuevos partidos políticos que irrumpen en el ruedo electoral, la ley les aplica el rejón de reducirles el tiempo publicitario,  y así limitarles la difusión del mensaje, en los medios de comunicación públicos respecto del que disponen los demás adversarios. A mayores, la SER Baixo Miño, le clavó otro a VOX de Tuy, dejándolo fuera del debate de los candidatos a la alcaldía.

Debate electoral a cuatro (de cinco)

          Dispone la SER, en cuanto cadena privada, de libertad para invitar a los candidatos que estime oportuno, pero no puede decirse que actuase con sentido de pluralidad democrática ni, al igual que la Ley electoral, con respeto y cumplimiento de la igualdad de oportunidades.  

          Más reprochable es la falta de compañerismo del resto de candidatos al no exigir la presencia del representante de VOX.

          Cuando ya no hay nada en juego, cuando la suerte está echada, brotan los formalimos corteses de rigor en forma de cumplidos y felicitaciones mutuas que, si bien son siempre bien recibidos, no tienen más valor que el de la elegancia para la ocasión.

   

                           José Antonio Quiroga Quiroga

La radio es de ustedes ...

          … señores y señoras del Ayuntamiento. Aunque más del grupo de gobierno, en términos de número de intervenciones, en atención a su mayor acción como Ejecutivo,  que  de los portavoces de los  restantes partidos. Y por su ascendiente de autoridad administrativa sobre el equipo laboral que la conforma.

Gala en que ha sido premiado el equipo de la radio municipal 

          Hay algo, pues, de inelegante, merecimientos aparte, en la concesión por el Ayuntamiento del premio “Cidade de Tui” a la radio municipal, instrumento corporativo al  servicio de la actualidad política y social más cercana, ya que el premio recae también, en cuanto gestor responsable de su funcionamiento, en  el propio grupo de gobierno, órgano garante del nombramiento del jurado que designa los premiados. Pero no solo, por la hipotética e irrelevante maniobra de premiarse indirectamente a sí mismos, sino, fundamentalmente, porque el galardón provoca, inevitablemente, en los receptores un sentimiento de deuda, a mayores del asumido de servidumbre, por el agasajo recibido,  que, por natural gratitud,  podría reflejarse en  el enfoque y tratamiento de las noticias políticas, así como, y sobre todo, el de las entrevistas a los miembros del Ejecutivo de aquí a las elecciones municipales.

          Diríase, pues, que la feliz fecha de celebración del trigésimo aniversario de la primera emisión de la radio municipal, y la del no menos gratificante premio otorgado a este medio de comunicación al servicio de la institución que lo ha honrado y al de toda la ciudadanía, que, casualmente, coincidieron en los inicios de la precampaña de las elecciones municipales, ha sido una suerte de oportuna conjunción de calendario que el Gobierno local ha sabido aprovechar.

 

                                  José Antonio Quiroga Quiroga

 

 

Rehabilitar un almacén

           Con ocasión de la redacción del PEPCHA (Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico), la Corporación tudense no ha sabido o no se ha preocupado de defender determinadas propiedades municipales en cuanto a garantizar su utilidad edificatoria y valor económico futuros. Incapacidad o negligencia que cobra actualidad con la propuesta de rehabilitación del inmueble en ruina, de planta baja, correspondiente al antiguo taller-garaje “Hermida”, situado en la c/ Camilo José Cela; que figura en el referido documento urbanístico, imagino que para sorpresa de muchos, con “protección ambiental”.

"Joya" arquitectónica de valor ambiental

Alzado del inmueble del Catálogo del PEPCHA

          Acaban de consignarse,  por unanimidad plenaria,  627.201,48 euros para la redacción y ejecución del proyecto de rehabilitación de dicho inmueble, para espacio multiusos sociocultural; destino que suele asignarse cuando no se sabe qué uso darle, sobre todo cuando son demasiados los inmuebles municipales disponibles sin que sepan qué hacer con ellos. Concretamente, en estos momentos: el edificio de los antiguos juzgados (recientemente cedido en propiedad), el denominado Camfran y, en breve, la Cárcel Vieja y el local que hoy ocupa la Policía Nacional.

          Debería preocuparle a la Corporación, como señaló el alcalde, el lastre económico y, en ciertos casos, lo estéril del gasto, que representan la rehabilitación y mantenimiento de los numerosos inmuebles, diríase que demasiados, para la capacidad financiera de las arcas municipales. Sin embargo, sin atisbo de perspectiva alguna, y al amparo de las ayudas públicas (regalo envenenado), todos tiran  “palante”, sin percatarse de que tal política es, a todas luces, insostenible (pese a que la etiqueta de sostenible va adherida a toda medida pública), que conduce a la parálisis por agotamiento de recursos, sin aparente mayor preocupación que la populista de dedicar el inmueble a una mujer de Tuy.

          En atención a la armonización inmobiliaria con los edificios adyacentes, todos de dos alturas, la Corporación debió exigir a la Consellería de Cultura, dos alturas (B+1), reguladas estéticamente,  para el solar que ocupa el referido garaje-almacén de la C/ Camilo José Cela, ya que así cabría la posibilidad de desprenderse de esta carga ofreciéndolo en venta para vivienda; con lo cual se mejoraría el parque inmobiliario en el decadente centro de la ciudad.

          Lamentablemente, las corporaciones transitan de parche en parche dejando un reguero de agujeros negros que amenazan con engullir al Ayuntamiento. Considero que se debería renunciar al proyecto y proponer una altura más para el inmueble con ocasión de las modificaciones puntuales del PEPCHA pendientes.

                                      José Antonio Quiroga Quiroga

 

Plaza de abastos monumental

           La ensoñación fantástica de la concejala de Comercio y Mercado, desprovista de toma de tierra, la ha llevado al delirio de que la reforma integral de la plaza de  abastos convertirá a este inmueble de avituallamiento de comestibles en el segundo monumento de Tui. En referente turístico a visitar después de la catedral. Con tal petulancia verbal, fruto quizás de la candorosa ilusión que la embarga, justificó la conveniencia de las obras ante los preocupados titulares de los puestos de venta que la escuchaban, que se ven en el paro por más tiempo del soportable.

Proyecto de reforma integral del mercado municipal de Tuy

          Varios son los aspectos negativos que comporta la reforma integral del mercado municipal, que tendrá lugar después de dos reformas anteriores en sus pocos años de existencia. Dejando a un lado la vana y general pretensión, normalmente gravosa, de todo regidor municipal de lograr referentes, habitualmente estériles, expongo algunos de los perjuicios e inconvenientes  que conlleva:

          1.- No hay necesidad real de emprender tal reforma, ya que, tras las últimas y relativamente recientes obras de mejora, el estado actual de la plaza de abastos es, en términos generales, suficientemente digno y funcional, por ello es  pertinente calificar de derroche la imponente cantidad de 1.673.555 euros que se va a fundir en aras de la vanagloria. El hecho de que el Ministerio de Industria y Comercio aporta el 80 % de este dinero público, no deja de ser  un dispendio caprichoso.

      2.- La pretensión de convertir el mercado municipal en un referente al uso, anuncia un establecimiento en la línea estilística de aquellos que acogen productos denominados “delicatessen” (no en vano contará con un espacio gastronómico), de incierto futuro comercial en Tuy en cuanto que la demanda mayoritaria es la de productos naturales frescos: pescado,carnes, frutas y hortalizas.   

          3.- Los primeros perjudicados a consecuencia de las obras serán los titulares de los puestos de venta, que se verán impedidos de ejercer su actividad comercial, y dejarán de percibir ingresos durante un tiempo estimado  no inferior a seis meses; pues el Ayuntamiento no contempla (no hay noticia) la instalación de puestos provisionales en barracas ubicadas en el exterior, que les permita evitar acogerse al paro.  Dado que las obras de reforma exigirán a los titulares de los puestos nuevo mobiliario, el específico de cada actividad, gasto que probablemente  irá acompañado de la subida de los alquileres, no es descartable que todo ello repercuta en el aumento de precio de los artículos. Todas estas circunstancias  suelen desembocar en renuncias a volver ocupar el puesto de venta, como sucedió con la última y reciente intervención de mejora de las instalaciones, de un mes de duración,  que registró la baja de dos titulares.

        4.- Los probables beneficiarios pasivos de esta reforma integral serán, sin duda, los supermercados y las grandes superficies, ya que durante el tiempo que esté fuera de servicio el mercado, parte de los compradores habituales habrán adquirido la rutina de acudir a estos centros comerciales, que cuentan con el atractivo de ofrecer una variedad más amplia de productos, además del ahorro de tiempo en  compras. No cabe afirmar, que el espléndido aspecto que el mercado pueda tener tras la reforma, neutralice el riesgo de pérdida de usuarios. Ni que la probable pérdida se vea compensada, en pronóstico de la concejala, con la visita de turistas a este nuevo “monumento”.

                                           _____________________

          Está muy extendida  la opinión de que el gobierno municipal ha destinado cuantiosos recursos económicos (la mayor parte del considerable Remanente de Tesorería), en determinados proyectos sin que por ello se perciba el pretendido efecto  transformador, ni tampoco la rentabilidad social esperada. Considero que con la reforma integral del mercado municipal sucederá algo semejante. La relación gasto/rentabilidad  de esta obra, no parece que vaya a cumplir con los estándares exigibles a toda inversión pública.

        En tiempos de crisis no es  razonable marcarse lujos; sobre todo cuando hay muchas necesidades básicas en el municipio sin atender. Ni las economías familiares de la mayoría de los usuarios del mercado municipal pueden, de ordinario, permitírselos.

 

                                       José Antonio Quiroga Quiroga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beira do Miño para siempre

          La sentencia del juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra que desestima el recurso que interpuse de revisión de oficio de la licencia de obras del edificio Beira do Miño por el tiempo transcurrido desde su concesión (fue requerida al Ayuntamiento de Tuy, el  18/09/17, por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pero como reacción a mi escrito presentado diecisiete días antes, tras once años de parálisis), me ha llevado a la conclusión que, después de cinco años de batalla judicial tratando de salvaguardar la autenticidad y armonía estética del casco histórico de esta ciudad, litigar contra los elementos político-administrativos es un esfuerzo estéril. En consecuencia, he decidido abandonar el caso y la causa.

                Vista de la antigua fachada suroeste del casco histórico de Tuy

         En aras de la transparencia, y para que cualquier interesado pueda formar su propio juicio, expondré el desarrollo de los hechos, en que los tardíos movimientos del  órgano competente de la tutela y protección del patrimonio cultural han ido siempre a remolque de la iniciativa de este particular, que no tiene competencia ni obligación alguna al respecto, pero sí preocupación por un bien común, que es seña de identidad de la milenaria ciudad de Tuy. 

         Para disponer de más completa perspectiva, es preciso tener presente que, tanto en su día como ahora, el partido que rige la Consellería es el mismo que el de gobierno municipal responsable de la concesión de la licencia ilegal, declarada nula por este organismo.

         HECHOS:

         1.- El Ayuntamiento de Tuy concede, el 4 de noviembre del 2000, licencia de construcción para un bloque  37 viviendas, denominado Beira do Miño, situado dentro del recinto histórico, sin la preceptiva autorización previa de la Dirección Xeral do Patrimonio Histórico, tras desatender tres advertencias  de esta Dirección Xeral.

         2.- El 21 de noviembre de 2006, seis años después, la Consellería de Cultura, mediante Resolución firme, sanciona doblemente al Ayuntamiento por comisión de infracción grave en materia de protección del patrimonio cultural de Galicia, con una multa económica de 105.100,00 euros, y una condena urbanística, consistente en “la obligación de reparar y restituir las cosas al estado anterior”.

         Carece de explicación aparente que la citada Consellería haya demorado seis años en tramitar el expediente sancionador, que, providencialmente, tuvo lugar una vez  absueltos los funcionarios y políticos implicados en las demandas judiciales, de orden penal, que no urbanístico, con sentencias condenatorias previas, interpuestas por vecinos de Tuy;  salvo que la Consellería estuviese aguardando el desenlace para que las sanciones no agravaran la responsabilidad de los encausados.

         3.- La  multa fue reclamada inmediatamente, con gran diligencia recaudatoria, y satisfecha al poco tiempo, pero no así la sanción urbanística, por presunto  desentendimiento, durante once años, de la Consellería de Cultura en  requerir al Ayuntamiento el cumplimiento de la Resolución firme  de reparar y restituir las cosas al estado anterior, permaneciendo,  conforme a la pasividad mostrada, indiferente y ajena a la fecha de prescripción de la infracción, que vencería en unos meses, si  el 2 de mayo de 2017 no hubiese presentado escrito de  solicitud de ejecución de dicha Resolución. Escrito que la Consellería no se dignó en contestar, por lo cual, mes y medio más tarde, presenté recurso contencioso administrativo ante el TSXG denunciando inactividad de la Administración autonómica. Recurso que fue desestimado, con imposición de costas (1.500 euros), al recurrente, respondiendo que dicha Administración ya había comenzado a realizar la acción ejecutiva el 19 de mayo de 2017 (requirió información al Concello, que en nada obliga,  pero no incoó el procedimiento de ejecución). En efecto, se había movido,  pero 17 días después de haberla despertado, con mi escrito de 2 de mayo, de la despreocupación  en que estaba instalada, ya que con anterioridad a la interposición del recurso ante el TSXG no hubo actuaciones de la Consellería ni del Ayuntamiento.

         4.- Volviendo a la sentencia del juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra, en el apartado V de la misma se  acoge a la extemporaneidad de la revisión de oficio de la licencia, eso sí, de manera un tanto comprometedora para la Administración,  como errónea en los tiempos, con estos términos, “… ni el demandante, ni ningún otro “actor público”, Administración, o perjudicado, impugnaron la licencia de obras en los plazos muy amplios legalmente establecidos para el recurso directo. Y respecto de la “revisión de oficio” dejaron transcurrir más de quince años para instarla” (once años, de 2006 a 2017). Desconcierta que aluda a la relajación de la Administración por no haber impugnado la licencia, la única obligada y comprometida al respecto, para luego desvincularla de toda responsabilidad. De ahí que, más adelante, se olvide de la Administración y toda la carga de responsabilidad de velar por la protección del patrimonio la vuelque sobre este frustrado particular diciendo: “ … no se comprende la verdadera razón por la que, tratándose de un hecho público y notorio, de gran repercusión mediática desde el año 2000, en que se concedió la licencia y se iniciaron las obras, aguardó (el demandante) 17 años (antes eran 15, si bien, son 11) para presentar su primera solicitud de restauración de la legalidad urbanística (y ni siquiera lo hizo en el Ayuntamiento, sino en la Xunta de Galicia). Es una ironía que un ciudadano, ajeno a los teje manejes municipales, tenga que anticiparse (¿con qué fundamento legal?) a la Resolución firme sancionadora de la Consellería de Cultura de 2006; y ¿qué autoridad le asiste para exigir al Ayuntamiento que revise sus actos administrativos, máxime cuando en esa fecha, hasta la aprobación en 2021 del PEPCHA, no había normativa urbanística en el recinto histórico por la que regirse?

          5.- Finalmente, la escapatoria de las responsabilidades administrativas y políticas,  que posibilita que todo quede  en un mal sueño, estaba en la indeterminación temporal del art. 110 de la Ley 39/2015 respecto de la prescripción de acciones, que dice: “Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido (no especifica el plazo) o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o las leyes”.

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Vista actual tras la construcción del edificio Beira do Miño

         Llámenme bárbaro, si así lo consideran,  por pretender minimizar el impacto de la distorsión paisajística y devastación de la imagen de ciudad antigua que el bloque Beira do Miño causa en la fachada suroeste del casco histórico de Tuy, ajustando su volumetría a la Ordenanza del Plan Especial de Protección del Casco Histórico-Artístico (PEPCHA). Llámenme bárbaro por defender la integridad de la seña de identidad de nuestra ciudad, bien superior perdurable no canjeable por dinero: concretamente, la suma necesaria para indemnizar a los propietarios de buena fe de los pisos de vivienda por la pérdida de los mismos, además de las debidas por los trastornos que ocasionarían el desalojo y realojo.

         No es compatible que un mandatario presuma de poner en valor el casco histórico al tiempo que defiende judicialmente un atentado del calibre del Beira do Miño. La razón de esta contradicción radica, básicamente, en que no siente como corresponde estos valores, y en que antepone su provecho personal y del partido que le acoge a cualquier otro bien,  ya que, en este caso, considera que la merma de recursos económicos disponibles debida a las indemnizaciones, desluciría su mandato y lo  pondría en situación de riesgo electoral.

         Es descorazonador, al tiempo que revelador, que  ningún corporativo se haya interesado lo más mínimo por este trascendental asunto. Ni palabra al respecto, porque entienden también que, en cuanto representantes del orden material de valores de las gentes del común, no reporta réditos electorales. 

         Al final, resulta que Patrimonio nada ha protegido, que todos los implicados, funcionarios y políticos han sido absueltos; y que el bloque de viviendas Beira do Miño, acabó incorporado en la legalidad. Solo hubo un perdedor: Tuy.

         En abril de 1999, Faro de Vigo me publicó una Carta al Director, titulada, Tuy, Patrimonio de la Barbaridad; en aquel momento se pretendía que lo fuese de la Humanidad. Creo no haberme equivocado.

 

                                           José Antonio Quiroga Quiroga

 

Posdata: Al objeto de ofrecer verificación de la literalidad de los considerandos comentados de la sentencia judicial relativos a la revisión de oficio de la licencia, adjunto los párrafos más específicos de la misma.

 

“En este supuesto, ni el demandante, ni ningún otro “actor público”, Administración, o perjudicado, impugnaron la licencia de obras en los plazos muy amplios legalmente establecidos para el recurso directo. Y respecto de la “revisión de oficio” dejaron transcurrir más de quince años para instarla. A mayores, no consta que se hubiese anotado en el Registro de la Propiedad información alguna sobre la problemática urbanística del edificio, ni que se hubiese solicitado siquiera esa anotación. Tampoco consta que antes de la incoación de la revisión de oficio en el año 2019 se le hubiese notificado la resolución de 2006 de la Consellería de Cultura a los titulares de las viviendas y locales del inmueble afectados por ella”.

 

“El recurrente, vecino de Tui, no esgrime en su Demanda un derecho o interés personal legítimo en su pretensión, más allá de la abstracta defensa de la legalidad en el ejercicio de la acción pública urbanística y de patrimonio histórico. En ese contexto no se comprende la verdadera razón por la que, tratándose de un hecho público y notorio, de gran repercusión mediática desde el año 2000, en que se concedió la licencia y se iniciaron las obras, aguardó 17 años para presentar su primera solicitud de restauración de la legalidad urbanística (y ni siquiera lo hizo en el Ayuntamiento, sino en la Xunta de Galicia -que no está aquí demandada-). Esa demora tan exagerada en la acción pública podría poner en cuestión el requisito de la “buena fe” con el que necesariamente se debe ejercitar la revisión de oficio frente a actos firmes y consentidos, trocándose en un “abuso de derecho” (artículo 7.2 del Código Civil y artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)”.