El sorprendente aumento del remanente de tesorería, que alcanzó la cantidad de doce millones de euros, fue el indicador de gestión municipal (?) del que se ufanó repetidamente el alcalde de Tuy, Enrique Cabaleiro, durante los dos años y medio que presidió el gobierno “cuatripartito”, y mitad del actual mandato. Trató de hacernos creer a los contribuyentes que el Ayuntamiento era, pues, una especie de Caja de Ahorros Municipal. Idea que la actual concejala de hacienda, Yolanda Rodríguez, defendió en un pleno, tras la moción de censura, diciendo, desde su asiento de la oposición, que el extraordinario ahorro acumulado mientras gobernaron se debía “a que nosotros sabemos manejar los dineros”.
Los verdaderos agentes, nunca reconocidos, del excepcional incremento de los caudales de la “hucha” municipal fueron, fundamentalmente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto, aprobadas con el fin de sanear la general y preocupante deuda de las Administraciones públicas, impidiendo, por tanto, la utilización de determinados ingresos en la elaboración de los presupuestos de cada ejercicio. Estos ingresos vedados pasaban automáticamente a engordar el remanente de tesorería, teóricamente intocable, pero que, en realidad, podía echarse mano de él justificando la necesidad y garantizando la rentabilidad social de la inversión.
Sin embargo, a raíz de la suspensión transitoria de dicha ley y regla, al objeto de reactivar la economía, retraída a causa de la pandemia, el gobierno tudense viró en redondo de política, desertó de la ingeniería de atesoramiento monetario y se abalanzó con desenfreno hacia la relajación en el gasto. Decidido, pues, a “quemar el remanente”, expresión que, en un pleno, el portavoz de Ciudadanos imputó al alcalde, porque de esta elocuente manera había trasladado el regidor su propósito a un amigo y confidente del referido portavoz; así como el motivo de tal determinación: “porque no iba a presentarse a las próximas elecciones”. Cuan impropia e inquietante resulta la palabra quemar, cargada de evocaciones de barbarie y arrasamiento, en boca del capitán de la nave tudense al referirse a las reservas de caudales públicos.
Nada cabría, pues, que alegar a que el capital recaudado retorne a la ciudadanía en forma de bienes y servicios, sino felicitarnos por ello, más allá de la evidencia de lo artificioso y falaz que ha sido la persistencia en atribuirse el absurdo “mérito” de haber llenado las arcas sin otro destino y paradero que el depósito bancario, y único beneficiario la entidad financiera agraciada, si estos recursos no fuesen empleados con incomprensible generosidad presupuestaria, y en determinados proyectos de dudosa necesidad y utilidad social.
En el contexto de aprobación plenaria de proyectos y cantidades presupuestadas, señalaba una portavoz de la oposición la circunstancia de que la mayoría de las inversiones propuestas recaían en el casco urbano, en contraste y agravio de las muy pocas en el rural. De ahí que, al fin de procurar la equidad distributiva municipal de los recursos, es fundamental conocer las cantidades contributivas que el Ayuntamiento recauda en ambos medios: ciudad y parroquias.
Al respecto de la impetuosa cascada dineraria extrapresupuestaria, otro portavoz de la oposición proponía, además de sensatez y pausada reflexión en el tipo de proyectos a llevar adelante, prudente contención en el gasto en atención a disponer de razonable reserva de recursos para poder afrontar potenciales emergencias de cierta envergadura; y ponía como ejemplo el desastre de Paramos y la pandemia. Pues bien, en el horizonte, y ya no muy lejano, está otra probable, y no menor: la reposición de la legalidad urbanística tras la concesión ilegal de licencia de construcción del bloque de viviendas Beira do Miño. La licencia ilegal ha sido declarada judicialmente nula, lo cual implica la revisión de la misma de acuerdo a la normativa del PEPCHA en vigor, que califica como fuera de ordenación la mayor parte del volumen edificado. Sin embargo, este gobierno, que presume de boquilla de poner en valor el casco histórico, defiende la permanencia de este atentado a la genuina integridad del casco histórico de Tuy, resistiéndose a revisarla, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contempla la revisión de la licencia ilegal dentro del proceso de cumplimiento de la resolución firme de la Consellería de Cultura. La obligatoriedad o no de revisión está pendiente de resolución en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra.
En sus primeros meses de mandato, el alcalde Enrique Cabaleiro, hizo referencia a la espada de Damocles que pende sobre el inmueble Beira do Miño, alertando de que si alguien exigiese el cumplimiento de la resolución firme de la Consellería de Cultura relativa a dicho bloque de viviendas, sería dramático para el Ayuntamiento de Tuy. Por la actitud y comportamiento que pregona y exhibe, parece no reconocerse en lo que en su día anunció.
José Antonio Quiroga Quiroga
