La explotación privada del aparcamiento amenaza el porvenir comercial de Tuy

          Tres son las principales causas por las cuales se peatonalizan determinadas zonas de las ciudades: la congestión del tráfico rodado, la contaminación del aire y los ruidos producidos por los vehículos motorizados; factores que repercuten negativamente en la seguridad y la salud de la población y en la actividad comercial de las zonas más afectadas; mayormente los cascos históricos por la estrechez y tortuosidad de las calles. A la tentadora tendencia a peatonalizar espacios suelen apuntarse la mayoría de regidores  en el afán de transformar las localidades en que gobiernan, sin que, en buena parte de los casos, medie necesidad ni conocimiento del alcance y consecuencias que pueden comportar tal medida. No considero, pues, necesario peatonalizar más zonas en Tuy  de las ya peatonalizadas: el casco histórico en su totalidad, y la mitad sur de la calle Calvo Sotelo, colindante al Paseo de la Corredera, ya que la otra mitad, por la diferencia de nivel existente, su incorporación no aportaría nada positivo socialmente,  solo perjuicios fácilmente   identificables.

Actual aparcamiento municipal de Tuy

         Es sabido por todos que las peatonalizaciones y “humanizaciones” que pretende llevar a cabo el Gobierno de Tuy, que comportan reducción de las plazas de aparcamiento disponibles, no responden a la necesidad de dotar el espacio urbano de más calidad, sino a la exigencia, entre otras, con igual objetivo, como la prohibición de aparcar en los espacios vacíos del entorno, del concesionario de la construcción del aparcamiento para garantizar la rentabilidad de la explotación del mismo. Las consecuencias negativas que la explotación privada del servicio supondrá para el comercio local son fáciles de pronosticar. Tampoco es difícil ver que el desastre que se avecina puede evitarse haciéndose cargo el Ayuntamiento del proyecto, ya que, a diferencia del  empresario adjudicatario del servicio, no necesita amortizar el capital invertido, como en cualquiera de las obras que emprende (le basta con la rentabilidad social), ni tampoco  obtener beneficios económicos por haberlas ejecutado, ni puede pretenderlo por ser entidad sin ánimo de lucro (es suficiente con que el servicio no sea deficitario). Ello permitiría una reducción sustancial del precio/hora de estacionamiento, que lo equipararía al establecido de ordinario en las zonas azules, de modo que la oferta sería económicamente atractiva para los usuarios,  y el servicio sostenible sin que sea necesario acometer costosas humanizaciones con el objetivo de  reducir plazas de aparcamiento ni prohibir aparcar en los solares del entorno, que no representan competencia de consideración, y que no tardarán en ser ocupados por edificios de vivienda.

 La alternativa, a corto y medio plazo, a este trascendente e inexplicable error,   consiste en mantener, el tiempo necesario, el aparcamiento actual en superficie, y,  tirando del remanente de tesorería (del que tanto alardea el alcalde), se construya un aparcamiento en el subsuelo de la calle Compostela, con capacidad estimada de 180 plazas, cuya gestión puede realizarse con personal propio o mediante subcontrata. 

El enigma que no soy capaz de descifrar, es la poderosa razón oculta del empecinamiento del alcalde en seguir adelante con esta idea, a sabiendas de que va a cometer un error grave que le supondrá el repudio de la mayoría de electores que le auparon al cargo. Probablemente no le importe mucho, pues así lo ha dado a entender: “si no están contentos, que no me voten”. Quizás, quién sabe, porque, en pago por los servicios prestados, le han prometido un ascenso en su carrera política, ya que, como funcionario público, con categoría de auxiliar administrativo, el futuro laboral es poco atractivo. 

Tampoco es menos enigmática la pasividad y aparente indiferencia de la asociación de comerciantes (ACITUI). Se comenta que este colectivo permanece quieto y en silencio por temor a que el alcalde, en represalia, ordene el cierre de los establecimientos que carecen de licencia de actividad (la gran mayoría) si el colectivo se moviliza en contra de la concesión del aparcamiento a un particular. No quiero valorar si este supuesto recelo tiene o no fundamento; pero sí me atrevo a pronosticar que, al margen de cualquier consideración, no hay regidor con un mínimo de cordura que se atreva a cometer tal acto de revancha. 

Sea cual fuere la causa de la aparente apatía de los comerciantes, indiferentes a lo que suceda el día 27 del mes en curso, fecha en que se lleva a aprobación plenaria la concesión de la construcción y explotación del aparcamiento, dejo constancia de mi disconformidad con que, en el futuro, parte de mis impuestos se destinen a socorrer a quienes por comodidad o falta de agallas no están dispuestos a mover un dedo en defensa de su medio de vida.  

 

                            José Antonio Quiroga Quiroga