Cuando la oposición reprobó al exalcalde Padín la eliminación del impuesto de plusvalía en
el municipio, y no le faltaron razones económicas para
oponerse, se presumía que, si recuperaba
el poder, dicho tributo sería restablecido. Sin embargo, cumplida la primera
hipótesis, nada invita a pensar que tal cosa vaya a suceder, pese a los
menguados presupuestos de que dispone el Ayuntamiento desde la aprobación en
2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y que se contraerán más con el descenso seguro de la recaudación a causa de la crisis causada
por la pandemia.
Recientemente, el alcalde, Enrique Cabaleiro, lamentaba, durante una
sesión plenaria, que, “muy poco se puede hacer con unos presupuestos tan bajos”.
Tal declaración venía avalada por la insignificante partida de
48.000 euros para inversiones, prevista en el presupuesto de 2016, único
aprobado durante su primer mandato, de dos años y medio de duración. Algo menos de 100.000 consignó el exmandatario
Padín en su presupuesto de 2018, todavía
vigente. Por cierto, la eliminación de este impuesto no guarda relación alguna
con la ideología liberal de C 21, partido al que pertenece el referido
exregidor, sino que se debió a una medida de carácter netamente populista. Pero
en absoluto inocua, ya que reduce sensiblemente la recaudación municipal y la capacidad de la Administración pública de redistribuir
la riqueza generada con el aumento del
valor de los inmuebles (plusvalía), mayormente terrenos ordinarios convertidos
en solares, como consecuencia de la aprobación de planes urbanísticos; de obras de acondicionamiento y mejora de zonas urbanas;
o la implantación de servicios. Nada más procedente y justo que el
Ayuntamiento reclame un porcentaje de ese aumento del beneficio no ganado por
los propietarios, que se enriquecen, sin que se deba a su inversión o esfuerzo
particular, sino a la emanación indirecta de las actuaciones de interés público
promovidas por los gobiernos municipales.
Como, en general, toda acción política se supedita al grado de
rentabilidad electoral y al corto plazo, resucitar un impuesto, por muy procedente que sea
(la plusvalía es el tributo socialmente
más justo de todos los impuestos, que, además, solo se exige cuando se
transmite una propiedad, es decir, cuando se recibe dinero por la transacción),
es medida impopular que casi ningún
mandatario se atreve a tomar, porque la primera prioridad es tratar de
conservar el bastón de mando. Por igual sentido de rentabilidad política la oposición tampoco
reclamará el retorno de dicho tributo.
La gestión y ejecución de un solo PERI (Plan Especial de Reforma
Interior) a iniciativa del Ayuntamiento, en aquellos casos singulares en que se
considere manifiesta incapacidad de la
iniciativa privada para llevarlos
adelante, reportaría sustanciosos ingresos en concepto de plusvalías (en Tuy hay escasez de vivienda),
que proporcionarían financiación para acometer otro más, y así de manera
encadenada, generando riqueza y desarrollo. Pero el Gobierno, cómodo en su
inacción, prefiere complacer a determinados propietarios, de perspectiva corta,
concretamente de San Bartolomé, que protestan porque pagan el IBI por terrenos
afectados por este tipo de figura urbanística sin que, de momento, se pueda
construir, anunciando la eliminación de
los mismos, sin que importe que se altere el PXOM y se hipoteque, de manera
irreversible, el orden urbanístico y crecimiento racional de la ciudad.
Con medidas populistas es imposible salir del letargo imperante, ni pretender que el crecimiento futuro del casco urbano se realice bajo las directrices del buen criterio urbanístico, sin más
horizonte que las obras que realicen en Tuy la Xunta, y la Diputación, además de lo que se consiga de los fondos europeos, cada año menos dotados, ya que con recursos propios a lo máximo que se puede
aspirar no va más allá del mantenimiento decente de las instalaciones y
espacios públicos.
José
Antonio Quiroga Quiroga
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