Por puro oportunismo electoral, que no por razones urbanísticas, los principales partidos que en 2019 optaban al gobierno de Tuy, PSOE y PP, anunciaban en sus respectivos programas la eliminación de los PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de San Bartolomé, dando así satisfacción a la mayoría de propietarios de terrenos afectados, descontentos ante la incapacidad de llevar adelante el desarrollo de dichas figuras de planeamiento. Anteriormente, Converxencia 21 (C21) y los socios de coalición en la moción de censura que los aupó al poder, ante la presión de los vecinos que exigían el cambio de los PERI por la Ordenanza 4 (semejante a la que rige los núcleos rurales), prometieron en un pleno destinar 50.000 euros para acometer la modificación del PXOM demandada.
El principal argumento esgrimido por ciudadanos y políticos es que tales figuras bloquean el desarrollo urbanístico de la zona, debido a la dificultad de constituir las Juntas de Compensación y la de asumir las cargas propias de la urbanización: demoliciones de las construcciones existentes (si las hubiere); proyectos, licencias y obras de urbanización de los viales previstos.
Las zonas bajo la figura PERI, son áreas más o menos extensas de terreno que carecen de frente a vía pública, lo cual, por esta circunstancia, devienen en no edificables si no se urbanizan mediante el trazado de calles; ya mediante los contestados PERI, ya bajo otra ordenanza que lleve asociado el trazado de viales. Resulta, sin embargo, que la sustitución de los PERI (de superior edificabilidad) por la ordenanza 4 no resuelve el bloqueo edificatorio, porque esta ordenanza se aplica cuando existe previamente una red de caminos públicos, y porque, por sí misma, no tiene capacidad de introducción de los viales necesarios; si bien la modificación específica del PXOM puede y debe determinarlos.
En el caso de que tal modificación se lleve a cabo, los vecinos de San Bartolomé, que ahora disponen de autonomía, aunque muy condicionada a su capacidad de asociación y organización, además de la desenvoltura económica de cada cual, para acometer los PERI y poder edificar, pasarían a depender absolutamente de la voluntad política del equipo de gobierno de turno de ejecutar las urbanizaciones pertinentes. Voluntad supeditada a la rentabilidad electoral y a los recursos económicos disponibles; máxime cuando no puede recuperar buena parte del dinero invertido en concepto de impuesto por plusvalía. Medida ésta populista, injusta socialmente (premia el enriquecimiento de los propietarios de terrenos convertidos en solares a costa de los impuestos de todos) y muy nociva para las arcas municipales y el desarrollo del municipio. Es cierto que el PSOE y En Marea, hoy en el poder con mayoría absoluta, se opusieron a la eliminación de dicho impuesto, pero es evidencia que, pudiendo, no aceptan el reto del representante de C 21, de recuperarlo (el interés político prevalece sobre el administrativo).
Es menos probable que el alcalde actual lleve adelante la reclamada, y por él defendida, supresión de los PERI, que aparezcan promotores que se hagan con al menos el 51 % de los terrenos y los desarrollen, ya que para el regidor supondría asumir directa y expresamente el compromiso, y la responsabilidad de ejecutar en tiempo las aperturas de calles y las urbanizaciones necesarias; sin posibilidad de derivarla al Gobierno que aprobó el Planeamiento en vigor. Puede ocurrir que, a tal fin, decida modificar el PXOM, en la esperanza de que el tiempo de tramitación y aprobación consuma el de mandato restante, y salga así del apuro.
Pero la patata caliente, de difícil abordaje, será para el próximo regidor que decidan las urnas.
José Antonio Quiroga Quiroga
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