No mandes rosas a Sandra

Acabo de experimentar la profunda satisfacción de haber erradicado del Ayuntamiento de Tomiño la irregular práctica abusiva cometida con los vecinos de este municipio solicitantes de licencia de obra distinta de la de nueva edificación o sustitución de la existente. Es decir, cualquier obra mayor. Y en Tomiño, en particular, lo es toda obra cuyo presupuesto sea superior a 3.000 euros. Han sido dos batallas contra el aparato opresivo de políticos y técnicos municipales. Ganadas gracias al imprescindible e inestimable apoyo de mi cliente y familia, que han tenido la infrecuente valentía de confiar en mí y de firmar, en segunda tentativa, denuncia de los hechos ante la Fiscalía.

Tras haber solicitado el promotor licencia para reforma de cubierta de casa de vivienda unifamiliar, le fue requerida la firma del compromiso de cesión y urbanización de terrenos, con la advertencia de que si no lo aportase  se considerará la solicitud por desistida. Dicho documento se entregó, de buena fe, en el Registro del Ayuntamiento, a pesar de que algunas de las cláusulas eran inasumibles, además de absurdas, como la de no poder utilizar la vivienda mientras no se acabasen las obras, luego perdonada como favor político, y a derribar y reconstruir un muro de mampostería de 76 m de longitud, dos de alto y 0,50 m de espesor, por importe de 15.000 euros, colindante con uno de los viales que flanquean la parcela, antes de iniciar la reforma. Incluso le estaban empujando a cometer dos infracciones: la de ejecutar las obras del muro sin la preceptiva licencia municipal y la autorización de Patrimonio, pues los muros de mampostería son patrimonio etnográfico y gozan de protección. Transcurridos dos meses sin noticias del Ayuntamiento, el solicitante se interesó por el expediente en el departamento correspondiente. Allí le aguardaban el concejal de urbanismo y la técnico jurídica para decirle que  la licencia estaba condicionada al abono de 3.800 euros en concepto de fianza por obras de urbanización, y que volviese la semana próxima que ya le tendrían preparados los papeles para que los firmase y entregase en el registro. Es oportuno señalar, he aquí la encerrona, que no hay obligación, ni se da el caso en ayuntamiento alguno, de tener que firmar la aceptación del importe de las tasas, como tampoco de presentarla en el registro. Personado a tal efecto en la Casa Consistorial, le fueron entregados dichos papeles, y se encaminó  al registro, pero, al recordar mi advertencia de que no firmase nada sin comunicármelo, rehusó entregarlos, actitud que desencadenó gran enfado (¿?) por parte de la jurídica.

El cliente, abrumado por tanta carga, me comunica que  habían resuelto no llevar a cabo la obra al no haber  prosperado la mediación  de expolíticos y particulares con la autoridad municipal para salvar los obstáculos planteados. Sugerí, entonces, que se pidiese certificación de todos los documentos del expediente para luego presentar una batería de alegaciones. Dichas alegaciones fueron estimadas, pero la resolución que anula el abono de la fianza se transmite, una vez más, como favor. Y a continuación se concede la licencia de obra. Si la resolución de exención de abono no se ajustase a la legalidad, no se podría expedir ya que se incurriría en flagrante tráfico de influencias.

Bien, pero el compromiso de urbanización (cesión de terrenos y demás gravosos apartados), seguía en pie y constituía una amenaza en el tiempo cual espada de Damocles. Al efecto de que el mismo fuese anulado me entrevisté en tres ocasiones  con la alcaldesa Sandra González, a quién advertí de la improcedencia legal de dicho compromiso, de manipulación del texto de la ley de aplicación y de acudir a la Fiscalía en caso de negativa. En otras tres con la secretaria de carrera, en cuatro con la jurídica y una vez con la arquitecta, persona insolente y con reputación de tratar mal al público. De nada sirvieron las entrevistas y advertencias. Finalmente, se presenta denuncia ante el Fiscal jefe de Pontevedra. Hubo que acudir en dos ocasiones porque, “según nuevas instrucciones” es necesaria la presencia de los denunciantes.

Un viernes entregué en el Registro del Ayuntamiento de Tomiño copia de la denuncia ante la fiscalía. De inmediato se le informa a la alcaldesa, y acto seguido se reúne la plana mayor municipal: alcaldesa, concejal de urbanismo, secretaria, jurídica y arquitecta, durante tres horas. El martes siguiente se dicta resolución, un apaño burdo de ingeniería jurídica, firmada por el concejal Uxío Benítez, dejando sin efecto el documento de compromiso de urbanización.

¿Qué consideración merecen políticos y técnicos municipales que, insensibles a los quebrantos económicos que causan,  tienden trampas a la confiada ciudadanía apoyándose en normativa de aparente legalidad, sirviéndose de artículos relativos a procedimientos pero sin justificar su procedencia, y manipulan el texto del artículo aplicable de la ley  de protección del medio rural de Galicia, recogido literalmente en la  ordenanza urbanística nº 8 del PXOM,  ampliando de este modo el campo recaudatorio con el fin de alardear luego de eficaces gestores ejecutando obras con dinero extraído irregularmente de sus convecinos?  

Liberados ya de las garras municipales,  solo resta esperar el resultado de las diligencias que emprenda la Fiscalía.

 

                                  José Antonio Quiroga Quiroga