La
consideración de buen gestor que cierto número de tudenses tiene del alcalde Enrique Cabaleiro, se debe, exclusivamente, al
número de subvenciones obtenidas últimamente para determinados proyectos, y a la importancia
económica de las mismas. Probablemente tendrían opinión más ajustada si valorasen
aspectos como la prioridad en resolver las necesidades más apremiantes, la
utilidad real de los proyectos ejecutados o el perjuicio derivado de algunos de
ellos, caso de las humanizaciones que destruyen plazas de aparcamiento.
Tal reconocimiento comenzó a fraguarse a partir del
2021, año en que estuvieron operativos los fondos europeos NextGeneration del
Plan de Recuperación para Europa posterior a la COVID-19, por un total de 2,018
billones de euros, de los cuales a
España le corresponden 750.000 millones. La dificultad del Gobierno central de
encontrar destino a esta lluvia de millones, ha propiciado que éste resuelva
financiar, sin mayores exigencias, proyectos municipales de toda índole. Basta
recordar los cinco años de gobierno de Enrique Cabaleiro, anteriores a la
aprobación del maná europeo, que se
caracterizaron por la ausencia de obras y la reiterada como absurda presunción
de que bajo su inoperante batuta cada año engordaba el Remanente de Tesorería;
como si el Ayuntamiento fuese una entidad de ahorro y no de reversión de los
tributos en bienes para servicio público.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tuy
Para
valorar la competencia gestora del alcalde Enrique Cabaleiro, no es necesario
referirse al abstruso y tortuoso cambio del sentido de circulación en el casco
urbano, a la comercialmente perniciosa peatonalización de la mitad de la C/
Calvo Sotelo, ni tampoco a la innecesaria e intrascendente, salvo la reducción
de plazas de aparcamiento, humanización de la C/ Lugo; basta reparar en la
definitoria gestión llevada a cabo en la adjudicación, construcción y
explotación del aparcamiento soterrado, cuyo
desenlace de renuncia unilateral, nadie duda en calificar de desastroso y
gravoso en extremo, salvo el alcalde, que torpemente trata de remendar el daño
diciendo que “para nada se ha perdido el
tiempo; y que nada se paga a cambio de
nada, ya que ahora se dispone de un anteproyecto de parking, y un estudio de
viabilidad”. El anteproyecto solo es válido para la geometría del lugar
para el que fue redactado, como el estudio de viabilidad que, a mayores, carece
de utilidad por tratarse de la viabilidad empresarial, que no de la
correspondiente a la explotación municipal. La particularidad de inservibles,
tanto el anteproyecto como la viabilidad, toma cuerpo tras el acuerdo tácito
BNG-PSOE, de no construir un
aparcamiento en el subsuelo del actual en superficie (espacio que el BNG
reserva en exclusiva para parque
arbolado, sin que le conmueva el grave y
prácticamente irresoluble problema que su caprichoso veto genera). Acuerdo al
que se adhiere la oposición, pues, si así no fuese, ¿a qué viene que unos y
otros propongan comisiones de trabajo
para, “entre todos”, tratar de encontrar
una ubicación de consenso del futuro parking? Del tiempo perdido (unos cuantos
años), sobra cualquier comentario.
No
es propio de un buen gestor encargar informes, de dudosa valía y coste
desconocido, para estimar la cuantía a indemnizar, cifrada en 142.000 euros,
estando pendiente el dictamen del Consello Consultivo de la Xunta, que la sitúa,
para descrédito de los mismos, en 207.800 euros.
Previamente,
como parte de la serie por entregas de este inquietante culebrón, las cantidades a indemnizar comenzaron con la
risible y no justificada cantidad de 11.000 euros, para pasar, en aprobación
plenaria, a 74.000 euros; luego, a 142.000 euros, según los referidos informes,
y, últimamente, que no finalmente (la cantidad definitiva la establecerán los
tribunales), a 207.800 euros. Diríase que el alcalde dosifica el alcance del
impacto de la indemnización para que la ciudadanía
se vaya amoldando progresivamente a los golpes antes de recibir el último.
Para
serenar los ánimos, en el pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos generales incluyendo la cantidad
a indemnizar fijada por el Consello Consultivo, el alcalde se apresuró a
declarar que asume la responsabilidad política (de sus propios errores): obviedad
inevitable, carente de significado y concreción, que ha debido de dejar a la
población tranquilísima y muy satisfecha.
¿Qué comporta la asunción de responsabilidades
políticas más allá del coste electoral? Nada. Nada que resarza el perjuicio
causado ¿Significa entonces que dimitirá, sobre todo si la cantidad a
indemnizar afectase seriamente la economía municipal? Cabe, pues, aventurar que,
si bien la cantidad reclamada es de tres
millones de euros, la que establezcan los tribunales de justicia será
superior a la fijada por el Consello Consultivo (207.800 euros), ya que la
empresa adjudicataria sale doblemente perjudicada de la renuncia municipal, ya
que no construirá el aparcamiento y, consecuentemente, es despojada de la explotación
del servicio de garaje por cuarenta años.
El
portavoz de C 21 resumió elocuentemente la gestión del alcalde Enrique
Cabaleiro, al calificar la indemnización pendiente como “El impuesto de la incompetencia”.
José Antonio Quiroga Quiroga
