El blindaje de hierro del departamento de urbanismo de Tuy

No está de más insistir en que el desarrollo y prosperidad de las ciudades están estrechamente vinculados a la calidad y limpieza de la gestión urbanística de los ayuntamientos; sobre todo si se repara en que la decadencia de Tuy se debe en buena medida a la notable deficiencia de los Planes Generales de Ordenación: PGOU y PXOM, y a las irregularidades perpetradas en este principalísimo ámbito del urbanismo desde hace veinticinco años. Las más sonadas y conocidas por los tudenses han sido la licencia de construcción del edificio de viviendas “Beira do Miño” y la suspensión del planeamiento urbanístico (PXOM) durante cinco años, en plena fiebre constructiva, a causa de la recalificación de la finca Patazumba, que supuso un severo revés al empleo y economía local al tiempo que un freno demográfico. Si bien tales irregularidades han sido gestadas y cometidas por políticos, difícilmente hubieran podido llevarse a cabo sin la necesaria connivencia-colaboración de la parte administrativa mediante los preceptivos informes técnicos y jurídicos favorables.

Muchos años antes de producirse dichos escándalos urbanísticos, el departamento de urbanismo funcionaba al aire y arbitrio de los técnicos en plantilla. Campaban por sus fueros al amparo de un pacto tácito de mutua conveniencia con los políticos de turno: informes al gusto del poder político a cambio de la no injerencia en su trabajo. Bajo este clima de autonomía administrativa, libre de todo control, floreció impune la extorsión consentida o deliberadamente ignorada sobre los solicitantes de licencias de obra.

Ocho años como concejal en el Ayuntamiento de Tuy, cuatro en el Gobierno y la otra mitad en la oposición, y más de treinta ejerciendo como arquitecto en el municipio, me permitieron conocer las interioridades, prácticas y particular idiosincrasia desarrollada por los funcionarios adscritos al departamento de urbanismo cabalgando a lomos del poder decisorio de sus informes, casi siempre orientables en un sentido y en el contrario al amparo del abanico interpretativo que ofrece la maraña legislativa, en ocasiones redactada en términos ambiguos. Durante ese tiempo fui receptor de confesiones de particulares, titulares de proyectos pendientes de licencia, víctimas de abusos de extorsión. La repulsa que me producía esa situación me animó a denunciar al entonces aparejador municipal, José María Melero, en dos ocasiones bien distantes en el tiempo y por circunstancias distintas. La primera ante la Fiscalía, con ningún resultado por el poco empeño de esta instancia en investigar los hechos; la segunda, mediante denuncia en el Juzgado, cuyo resultado se saldó con la imposición al funcionario de multa de 500.000 pesetas y el abono de las costas, si bien la fiscal había pedido para el susodicho la suspensión por tres meses de empleo y sueldo. Hoy día una diligencia judicial pendiente de resolución, con petición de cárcel de ocho años, pesa sobre el ahora exfuncionario jubilado. Pero nada de lo emprendido ha tenido capacidad de alterar la dinámica irregular instaurada. Casi siempre surge quién está dispuesto a recoger el testigo de las tradiciones que reportan alto grado de recompensa.
Durante el mandato de Moisés Rodríguez al frente del Ayuntamiento, se ordenó cambiar los despachos opacos de los técnicos del departamento de urbanismo por otros acristalados para tratar de impedir que en ellos se tramasen negocios ilícitos. De uno de los antiguos despachos se retiraron más de ciento setenta expedientes que acumulaban polvo de años, aguardando, quizá, el abono del peaje de circulación.

Sobre la repercusión económica que para las arcas municipales representan las licencias urbanísticas, baste decir que al principio del “boom” edificatorio, el Ayuntamiento recaudaba anualmente más de cien millones de pesetas. Hoy día los ingresos por este concepto oscilan alrededor de la cifra de 60.000 euros. Sin embargo, pese al significativamente menor número de solicitudes de licencias, y la mayor dotación de personal técnico: dos arquitectos técnicos, un arquitecto superior y una jurídico en urbanismo, la diligencia en la expedición ha descendido de manera alarmante. Y no solo porque se produce el cuello de botella en el apartado jurídico debido a la descompensación del número de informadores técnicos respecto del de jurídicos, en parte subsanada con la reciente contratación de otra persona licenciada en derecho urbanístico, sino porque existe una guerra declarada entre una funcionario del grupo de técnicos y la titular responsable de los informes jurídicos, por las prácticas y maneras con que se llevan las cosas. Tan es así, tal es la desconfianza entre las partes confrontadas, que cada cual ha adoptado la cautela de fotografiar los respectivos informes para que en el caso de desaparición o de cambio por otros resolutivamente diferentes a los originales, poder aportarlos como defensa ante posibles acusaciones. Esta atmósfera de tensión, resultante de esa guerra abierta, entablada incluso en las instancias judiciales con cruce de denuncias, que ha alcanzado incluso al personal auxiliar adscrito, ha causado la baja por ansiedad, por más de un año, del referido funcionario responsable de informar el aspecto técnico de los proyectos. Si bien esta baja laboral ha sido utilizada de coartada por los partidos ahora en la oposición para justificar la falta de obra ejecutada mientras fueron Gobierno,deja en evidencia la repetida afirmación de que con ellos el departamento de urbanismo funcionaba a satisfacción.

Ante este feo y pernicioso panorama existente en el departamento de urbanismo, sorprende, y mucho, el rechazo anticipado de la oposición a la aprobación de financiación para llevar a cabo una auditoría urbanística tendente a remediar el mal funcionamiento del mismo (también se opuso a la contratación de otra persona titulada en derecho urbanístico), pese a la evidente falta de neutralidad en que incurre respecto de las partes enfrentadas, pues es de conocimiento público la no menos chocante familiaridad que mantiene con una de ellas. La apelación a los artículos 103 y 106 de la Constitución de advertencia de que de llevarse a cabo la auditoría se incurriría en prevaricación, no es más que un recurso demagógico carente de consistencia, con el que tratar de encubrir alianzas nada éticas ni provechosas con determinados funcionarios.

Desconozco la postura al respecto del hijo pródigo por excelencia del PP, José Prada, protagonista de repetidos vaivenes de ingreso y salida del mismo, pero su identificación con la de bloqueo sistemático en el que se ha instalado la oposición (que el electorado se lo pague), invita a suponer que no desaprovechará la oportunidad (dispone de pocas en política) de poner, con su voto negativo, la guinda de remate a su truncada trayectoria al frente de la turbulenta delegación de urbanismo, corresponsable de los conocidos escándalos urbanísticos durante el mandato de Antonio Rocha, que tanto daño han causado al municipio.

José Antonio Quiroga Quiroga

Demagogia obstrucionista y gamberrismo

                      

El resentimiento se parece a un contraste radiológico  que permite ver la condición de las personas. Mayormente la de aquellas que no son suficientemente nobles e inteligentes como para impedir  que se forme en el estómago de sus conciencias ese fermento ácido que los corroe interiormente, y que acaba afeando su conducta.

Esta amarga dolencia del espíritu, molesta como una úlcera gástrica incurable, afecta a los integrantes del anterior Gobierno tudense desde el mismo momento en que una moción de censura los situó en la oposición, de modo que la responsabilidad política ejercida cuando estaban en el poder se ha convertido, gracias a su particular concepto de la democracia,  en mera lucha por recuperarlo, sin que importen los medios empleados ni los perjuicios causados al municipio, y a sí mismos en forma de descrédito.

Ya no les basta, sirviéndose de su mayoría, con bloquear todo proyecto y toda acción de Gobierno, sino que también practican la insubordinación grosera  para tratar de imponerse  y así discutir  la autoridad del alcalde. El Pleno  de 27/09/2018 es registro público de tales actitudes:

Si el concurso de ideas para reordenar el frente fluvial urbano, que por cuarta vez quedó sobre la mesa por exigencias ajenas al  punto del orden del día (se trataba solo de aprobar la fuente de financiación), es, para Son de Tui, un proyecto faraónico propio de un megalómano, para los restantes partidos del sólido bloque opositor es poco ambicioso, ya que debería abarcar todo el frente fluvial del municipio, desde Areas hasta Caldelas, pese a que tal planteamiento supondría enviar a la papelera los dos proyectos de sendas del Miño, de los que tanto alardean, pues no en vano por ellos mismos fueron encargados. No es coherente exigir la elección de los técnicos concursantes y la composición de jurado por la Corporación,  como tampoco la participación de grupos ecologistas, etc., a la vez que se  presume de haber encargado a dedo proyectos, por importe de obra superior a 15 millones de euros, sin concurso,  ni participación de la Corporación sobre, al menos, la necesidad y oportunidad de los mismos (alguno con muy poco sentido como p.e. la remodelación de la C/Casal Aboy), ni tampoco la intervención de ningún grupo ecologista. ¿Es acaso decisión responsable condicionar e hipotecar a las futuras Corporaciones con proyectos que por su cuantía económica no se podrán llevar a cabo ni siquiera en el término de cuatro mandatos? ¿”Quiénes somos nosotros”, decía Capón Rey, fundamentando a mayores su rechazo a la propuesta de rebajar los impuestos del IBI e IAE, “para poner en solfa lo que la próxima Corporación va a hacer en esta materia?”.

Asimismo, si por una parte las propuestas de rebaja fiscal del IBI, del 3,22 % para las parcelas rurales, y del 5,77 %  para los bienes urbanos, y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) son irrelevantes para la oposición, y por tanto despreciables: en el caso del IBI “un café al mes”, por otra, contradictoriamente, resulta que suponen un grave quebranto para las arcas municipales (PSOE). El argumento falso esgrimido por Capón Rey en contra de las citadas rebajas, al amparo de una ley inexistente, producto de su malévola imaginación, consiste en que a menor presión fiscal municipal (a criterio de la oposición, insignificante para los beneficiarios) menor, pero supuestamente considerable, sería la cuantía del dinero transferido por el Estado al Ayuntamiento a cargo del  PIE (Participación en los Ingresos del Estado). Huelga decir que los ingresos del Estado no participan, en  porcentaje alguno,  de las recaudaciones de los ayuntamientos. Y como no le afectan las fluctuaciones fiscales de las Administraciones Locales, no tiene sentido que el Estado tratase de condicionar la política impositiva de los regidores  penalizando las  rebajas que éstos, en función de sus prerrogativas, establezcan.

Capítulo aparte merece el portavoz del PSOE, Enrique Cabaleiro, que  responsabilizó al alcalde, en calidad de cómplice, de la situación  actual en el polígono de Areas como consecuencia de la adjudicación irregular de determinadas parcelas; de ser responsable y corresponsable por haber pactado la moción de censura con determinada persona. Tras responder el alcalde: “no me hable de irregularidades en Areas porque igual se está refiriendo a una persona que les apoyó en la aprobación de los presupuestos de 2016”, le replica el primero, con el acostumbrado tono tremendista, “usted hizo una acusación gravísima contra un exconcelleiro, que no está presente, el mismo concelleiro que posibilitó la aprobación del presupuesto, y que con su marcha posibilitó la moción de censura”, insinuando que dicho exconcellleiro se aprovechó de una situación irregular. Finalizó el portavoz del PSOE, con tono de reproche, exigiéndole al alcalde respeto, porque está faltando a la responsabilidad y al decoro institucional. Sin embargo,  dicho portavoz sí incurrió en acusación gravísima, huérfana del más mínimo sentido ético y de responsabilidad institucional cuando tildó en  un medio de prensa, de “reunión de trileros” las negociaciones para presentar una moción de censura, afirmando que las reuniones a tal fin se realizan “por intereses personales”: “si la legalización de una nave industrial está en juego para presentar la moción, equivocados están, porque es un tema que debe resolver el juzgado” ( Titular de Faro de Vigo de 28/08/2016, “El alcalde de Tui califica de “reunión de trileros el intento de moción de censura”).

En el denigrante apartado del gamberrismo practicado en las sesiones plenarias, destacan, por deméritos propios,  dos figuras protagonistas: el veterano Capón Rey (AT) y la señora Yolanda Rodríguez (PSOE), que también lo practicaba en Facebook  con perfil interpuesto. El primero acostumbra a retar al alcalde tratando de poner en entredicho su autoridad  haciendo caso omiso  a las llamadas al orden cuando interrumpe o interviene sin que le corresponda. En el referido pleno de 27/09/2018, durante el turno de Ruegos y Preguntas del público, al sentirse aludido, adelantó que “de una manera u otra intervendría”, añadiendo con prepotencia insolente de sobrado, que como el Pleno ya había concluido el alcalde no lo puede expulsar de la sala, respondería a toda alusión personal. Dicho y hecho. Sin importarle la descompostura, fuera de sí, montó una escena desagradable y deshonrosa. Debería saber Capón Rey, que si alguien perturba el orden de una sesión plenaria o de cualquier acto solemne, ya sea concejal o mero asistente, el alcalde puede ordenar el desalojo de esa persona.  

Ocasión en que  Capón Rey fue expulsado del salón de sesiones

No tardó en secundarle la insurrecta recalcitrante señora Rodríguez, que con sus continuadas impertinencias dio motivos sobrados al alcalde para levantar la sesión; si bien, a modo de despedida,  no pudo librarse de ser obsequiado por la referida con los términos de ignorante y analfabeto

Quizá no se percate esta Oposición, que no está a la altura de la dignidad exigible a todo representante público, del daño que con su comportamiento y maneras está causando a la política local y a la Institución que representan.   

 

                                      José Antonio Quiroga Quiroga