Fama de buen gestor

La consideración de buen gestor que cierto número de tudenses tiene del alcalde  Enrique Cabaleiro, se debe, exclusivamente, al número de subvenciones obtenidas últimamente para  determinados proyectos, y a la importancia económica de las mismas. Probablemente tendrían opinión más ajustada si valorasen aspectos como la prioridad en resolver las necesidades más apremiantes, la utilidad real de los proyectos ejecutados o el perjuicio derivado de algunos de ellos, caso de las humanizaciones que  destruyen plazas de aparcamiento.

 Tal reconocimiento comenzó a fraguarse a partir del 2021, año en que estuvieron operativos los fondos europeos NextGeneration del Plan de Recuperación para Europa posterior a la COVID-19, por un total de 2,018 billones de euros, de los cuales a España le corresponden 750.000 millones. La dificultad del Gobierno central de encontrar destino a esta lluvia de millones, ha propiciado que éste resuelva financiar, sin mayores exigencias, proyectos municipales de toda índole. Basta recordar los cinco años de gobierno de Enrique Cabaleiro, anteriores a la aprobación del maná europeo,  que se caracterizaron por la ausencia de obras y la reiterada como absurda presunción de que bajo su inoperante batuta cada año engordaba el Remanente de Tesorería; como si el Ayuntamiento fuese una entidad de ahorro y no de reversión de los tributos en bienes para servicio público. 

                                                        Enrique Cabaleiro, alcalde de Tuy

Para valorar la competencia gestora del alcalde Enrique Cabaleiro, no es necesario referirse al abstruso y tortuoso cambio del sentido de circulación en el casco urbano, a la comercialmente perniciosa peatonalización de la mitad de la C/ Calvo Sotelo, ni tampoco a la innecesaria e intrascendente, salvo la reducción de plazas de aparcamiento, humanización de la C/ Lugo; basta reparar en la definitoria gestión llevada a cabo en la adjudicación, construcción y explotación del  aparcamiento soterrado, cuyo desenlace de renuncia unilateral, nadie duda en calificar de desastroso y gravoso en extremo, salvo el alcalde, que torpemente trata de remendar el daño diciendo que “para nada se ha perdido el tiempo;  y que nada se paga a cambio de nada, ya que ahora se dispone de un anteproyecto de parking, y un estudio de viabilidad”. El anteproyecto solo es válido para la geometría del lugar para el que fue redactado, como el estudio de viabilidad que, a mayores, carece de utilidad por tratarse de la viabilidad empresarial, que no de la correspondiente a la explotación municipal. La particularidad de inservibles, tanto el anteproyecto como la viabilidad, toma cuerpo tras el acuerdo tácito BNG-PSOE,  de no construir un aparcamiento en el subsuelo del actual en superficie (espacio que el BNG reserva en exclusiva para parque arbolado,  sin que le conmueva el grave y prácticamente irresoluble problema que su caprichoso veto genera). Acuerdo al que se adhiere la oposición, pues, si así no fuese, ¿a qué viene que unos y otros propongan comisiones de  trabajo para, “entre todos”,  tratar de encontrar una ubicación de consenso del futuro parking? Del tiempo perdido (unos cuantos años), sobra cualquier comentario.

No es propio de un buen gestor encargar informes, de dudosa valía y coste desconocido, para estimar la cuantía a indemnizar, cifrada en 142.000 euros, estando pendiente el dictamen del Consello Consultivo de la Xunta, que la sitúa, para descrédito de los mismos, en 207.800 euros.

Previamente, como parte de la serie por entregas de este inquietante culebrón,  las cantidades a indemnizar comenzaron con la risible y no justificada cantidad de 11.000 euros, para pasar, en aprobación plenaria, a 74.000 euros; luego, a 142.000 euros, según los referidos informes, y, últimamente, que no finalmente (la cantidad definitiva la establecerán los tribunales), a 207.800 euros. Diríase que el alcalde dosifica el alcance del impacto de la indemnización para  que la ciudadanía se vaya amoldando progresivamente a los golpes antes de recibir el último.

Para serenar los ánimos, en el pleno extraordinario de aprobación de los  presupuestos generales incluyendo la cantidad a indemnizar fijada por el Consello Consultivo, el alcalde se apresuró a declarar que asume la responsabilidad política (de sus propios errores): obviedad inevitable, carente de significado y concreción, que ha debido de dejar a la población tranquilísima y muy satisfecha.

 ¿Qué comporta la asunción de responsabilidades políticas más allá del coste electoral? Nada. Nada que resarza el perjuicio causado ¿Significa entonces que dimitirá, sobre todo si la cantidad a indemnizar afectase seriamente la economía municipal? Cabe, pues, aventurar que, si bien la cantidad reclamada es de tres millones de euros, la que establezcan los tribunales de justicia será superior a la fijada por el Consello Consultivo (207.800 euros), ya que la empresa adjudicataria sale doblemente perjudicada de la renuncia municipal, ya que no construirá el aparcamiento y, consecuentemente, es despojada de la explotación del servicio de garaje por cuarenta años.

El portavoz de C 21 resumió elocuentemente la gestión del alcalde Enrique Cabaleiro, al calificar la indemnización pendiente como “El impuesto de la incompetencia”.

 

                                José Antonio Quiroga Quiroga