lunes, 28 de mayo de 2018

Pirotecnia crítica


El desastre y consiguiente tragedia causados por la explosión de un almacén ilegal de material pirotécnico en la parroquia de Paramos del municipio de Tuy,  que en primera instancia remite a las catástrofes que con sorprendente frecuencia castigan a países y zonas en vías de desarrollo,  parece guardar, en el origen y las causas, ciertas semejanzas con tales sucesos.

Si bien no es prioritario ni momento  de buscar responsables, sino de ocuparse de las ayudas a los damnificados, no está demás que, dada la virulencia  y variado cariz de pareceres y juicios, que quienes poco o nada podemos hacer para remediar la desesperada situación de los afectados, reflexionemos acerca del contexto social del entorno del lugar de la tragedia, y más en general  del marco político y religioso.

Se va sabiendo que buena parte de la vecindad era conocedora de la existencia del almacén que explotó y de los movimientos y actividad que en él se desarrollaban. Sin embargo, la confluencia de elementos como la particular interpretación del concepto de buena vecindad; que la empresa empleaba personas del barrio; y la indescifrable idiosincrasia gallega que delega ciegamente en la irracional confianza del “malo será”, han sido factores que, en cierta medida, han determinado el consentimiento tácito de la existencia de dicho almacén y el que nadie alertase a las autoridades de tal peligro.

Cabe señalar que, al margen de que los alcaldes son renuentes a que se ejecuten las sentencias de demolición de inmuebles, ya sea porque  llevarlas a término  causa un serio perjuicio a los propietarios, ya sea porque genera alarma  en quienes están urbanísticamente  en  situación de irregularidad jurídica, ya sea  porque consideran que no les favorece en términos electorales, el que ninguno de los regidores incursos en el expediente no haya ordenado derribar el taller pirotécnico, declarado urbanísticamente ilegal por no guardar el retranqueo con la parcela colindante, y clausurada de oficio la actividad en el mismo, no les hace responsables de lo ocurrido. Es muy probable que la retirada de la licencia de actividad del taller empujase al propietario  a seguir ejerciendo el trabajo clandestinamente en galpones dispersos como el del fatídico accidente.

Aunque en situaciones  graves como esta afloran sentimientos de todo tipo y pelaje, no deja de sorprender el acusado contraste  entre el aluvión de buenismo doliente de los conocedores de la tragedia, expresado a través de las condolencias de rigor con las víctimas, acompañado, por parte del conjunto de creyentes, de muestras de sentido  agradecimiento a  los poderes celestiales por haber querido que la desgracia no haya sido mayor de lo esperable, que, en el fondo,  no son más que  respetuosa formalidad de expresar  infinita indulgencia ante la inoperancia o ineficacia de dichos poderes, con la agresividad mostrada por buena parte de ellos con los políticos, con los poderes terrenales, los únicos que,  aparte de la inestimable colaboración de empresas y particulares,  pueden realmente socorrer a los damnificados.

A este respecto destaca la arenga-soflama política-religiosa de un gurú local,  que dice echar de menos el no poseer una bola de cristal, aunque nadie diría que la necesita, ya que atribuye el milagro de no haber habido más víctimas mortales y mayores daños materiales a la intercesión ante Dios del sacerdote que levantó un centro parroquial (que no se libró de sufrir daños) en las inmediaciones del almacén explosionado (se le reconoce la labor de consolación espiritual de todo pastor vocacional), al tiempo que arremete gratuitamente contra los políticos de la Xunta porque no han venido más que a poner trabas administrativas a las peticiones de ayudas, y contra el mismo Presidente de la Comunidad  por haberse desplazado al lugar con el único propósito de hacerse unas fotos y salir en televisión.

La aventurada presunción de la intercesión divina no resiste el más elemental análisis del lógico proceso de toda intercesión, ni el de la capacidad y voluntad divina  en materia de misericordiosa intervención de socorro. Cuando se intercede en favor de una causa, se da por sentado que el intercesor conoce previamente la causa por la que ruega, que en el caso que nos ocupa equivale a decir que el sacerdote aludido sabía de antemano  que en tal fecha y hora iba a ocurrir la explosión del almacén. Dejando a un lado el cómo y el quién reveló con antelación al sacerdote el desastre que se iba a producir, y el por qué, a la vista de  los previsibles resultados, no avisó a las autoridades,  es evidente que el calibre del infortunio deja en entredicho la capacidad y calidad de la supuesta intervención de dichos poderes celestiales.

No es justo ni sensato, ni en nada ayuda,  que personas adultas con cierta formación pongan frivolamente en duda la esforzada labor institucional local y comunitaria  en estos casos de emergencia humanitaria, como también la realizada en general  por los servicios administrativos  en la gestión de las ayudas a los damnificados. No es actitud responsable el exigir  una inmediatez imposible de cumplir en términos de estricta observancia de  leyes y normas de aplicación en lo relativo al libramiento de dineros públicos.

Creo advertir cierto trasfondo partidario en esta enrarecida atmósfera de  animadversión precocinada  hacia la acción política, así como cierto paralelismo entre la insana actitud  de sustraer y negar  todo esfuerzo  realizado por  políticos y funcionarios  y los actos de rapiña ejercida por desaprensivos en las casas  destruidas.

También es extrañamente sospechoso que la voluntad del grupo de Gobierno municipal de destinar un millón de euros para socorro de los infortunados, con cargo al superávit o remanente de tesorería,  a varios días de su anuncio en la web del Ayuntamiento, no haya sido todavía compartido en Facebook por dos de los partidos de la oposición, y no haya tenido eco ni acogida entre los concordantes con el manifiesto del oráculo de Tuy.

                                  José Antonio Quiroga Quiroga

 

 

 

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