No está de más insistir en que el desarrollo y prosperidad de las ciudades están estrechamente vinculados a la calidad y limpieza de la gestión urbanística de los ayuntamientos; sobre todo si se repara en que la decadencia de Tuy se debe en buena medida a la notable deficiencia de los Planes Generales de Ordenación: PGOU y PXOM, y a las irregularidades perpetradas en este principalísimo ámbito del urbanismo desde hace veinticinco años. Las más sonadas y conocidas por los tudenses han sido la licencia de construcción del edificio de viviendas “Beira do Miño” y la suspensión del planeamiento urbanístico (PXOM) durante cinco años, en plena fiebre constructiva, a causa de la recalificación de la finca Patazumba, que supuso un severo revés al empleo y economía local al tiempo que un freno demográfico. Si bien tales irregularidades han sido gestadas y cometidas por políticos, difícilmente hubieran podido llevarse a cabo sin la necesaria connivencia-colaboración de la parte administrativa mediante los preceptivos informes técnicos y jurídicos favorables.
Muchos años antes de producirse dichos escándalos urbanísticos, el departamento de urbanismo funcionaba al aire y arbitrio de los técnicos en plantilla. Campaban por sus fueros al amparo de un pacto tácito de mutua conveniencia con los políticos de turno: informes al gusto del poder político a cambio de la no injerencia en su trabajo. Bajo este clima de autonomía administrativa, libre de todo control, floreció impune la extorsión consentida o deliberadamente ignorada sobre los solicitantes de licencias de obra.
Ocho años como concejal en el Ayuntamiento de Tuy, cuatro en el Gobierno y la otra mitad en la oposición, y más de treinta ejerciendo como arquitecto en el municipio, me permitieron conocer las interioridades, prácticas y particular idiosincrasia desarrollada por los funcionarios adscritos al departamento de urbanismo cabalgando a lomos del poder decisorio de sus informes, casi siempre orientables en un sentido y en el contrario al amparo del abanico interpretativo que ofrece la maraña legislativa, en ocasiones redactada en términos ambiguos. Durante ese tiempo fui receptor de confesiones de particulares, titulares de proyectos pendientes de licencia, víctimas de abusos de extorsión. La repulsa que me producía esa situación me animó a denunciar al entonces aparejador municipal, José María Melero, en dos ocasiones bien distantes en el tiempo y por circunstancias distintas. La primera ante la Fiscalía, con ningún resultado por el poco empeño de esta instancia en investigar los hechos; la segunda, mediante denuncia en el Juzgado, cuyo resultado se saldó con la imposición al funcionario de multa de 500.000 pesetas y el abono de las costas, si bien la fiscal había pedido para el susodicho la suspensión por tres meses de empleo y sueldo. Hoy día una diligencia judicial pendiente de resolución, con petición de cárcel de ocho años, pesa sobre el ahora exfuncionario jubilado. Pero nada de lo emprendido ha tenido capacidad de alterar la dinámica irregular instaurada. Casi siempre surge quién está dispuesto a recoger el testigo de las tradiciones que reportan alto grado de recompensa.
Durante el mandato de Moisés Rodríguez al frente del Ayuntamiento, se ordenó cambiar los despachos opacos de los técnicos del departamento de urbanismo por otros acristalados para tratar de impedir que en ellos se tramasen negocios ilícitos. De uno de los antiguos despachos se retiraron más de ciento setenta expedientes que acumulaban polvo de años, aguardando, quizá, el abono del peaje de circulación.
Sobre la repercusión económica que para las arcas municipales representan las licencias urbanísticas, baste decir que al principio del “boom” edificatorio, el Ayuntamiento recaudaba anualmente más de cien millones de pesetas. Hoy día los ingresos por este concepto oscilan alrededor de la cifra de 60.000 euros. Sin embargo, pese al significativamente menor número de solicitudes de licencias, y la mayor dotación de personal técnico: dos arquitectos técnicos, un arquitecto superior y una jurídico en urbanismo, la diligencia en la expedición ha descendido de manera alarmante. Y no solo porque se produce el cuello de botella en el apartado jurídico debido a la descompensación del número de informadores técnicos respecto del de jurídicos, en parte subsanada con la reciente contratación de otra persona licenciada en derecho urbanístico, sino porque existe una guerra declarada entre una funcionario del grupo de técnicos y la titular responsable de los informes jurídicos, por las prácticas y maneras con que se llevan las cosas. Tan es así, tal es la desconfianza entre las partes confrontadas, que cada cual ha adoptado la cautela de fotografiar los respectivos informes para que en el caso de desaparición o de cambio por otros resolutivamente diferentes a los originales, poder aportarlos como defensa ante posibles acusaciones. Esta atmósfera de tensión, resultante de esa guerra abierta, entablada incluso en las instancias judiciales con cruce de denuncias, que ha alcanzado incluso al personal auxiliar adscrito, ha causado la baja por ansiedad, por más de un año, del referido funcionario responsable de informar el aspecto técnico de los proyectos. Si bien esta baja laboral ha sido utilizada de coartada por los partidos ahora en la oposición para justificar la falta de obra ejecutada mientras fueron Gobierno,deja en evidencia la repetida afirmación de que con ellos el departamento de urbanismo funcionaba a satisfacción.
Ante este feo y pernicioso panorama existente en el departamento de urbanismo, sorprende, y mucho, el rechazo anticipado de la oposición a la aprobación de financiación para llevar a cabo una auditoría urbanística tendente a remediar el mal funcionamiento del mismo (también se opuso a la contratación de otra persona titulada en derecho urbanístico), pese a la evidente falta de neutralidad en que incurre respecto de las partes enfrentadas, pues es de conocimiento público la no menos chocante familiaridad que mantiene con una de ellas. La apelación a los artículos 103 y 106 de la Constitución de advertencia de que de llevarse a cabo la auditoría se incurriría en prevaricación, no es más que un recurso demagógico carente de consistencia, con el que tratar de encubrir alianzas nada éticas ni provechosas con determinados funcionarios.
Desconozco la postura al respecto del hijo pródigo por excelencia del PP, José Prada, protagonista de repetidos vaivenes de ingreso y salida del mismo, pero su identificación con la de bloqueo sistemático en el que se ha instalado la oposición (que el electorado se lo pague), invita a suponer que no desaprovechará la oportunidad (dispone de pocas en política) de poner, con su voto negativo, la guinda de remate a su truncada trayectoria al frente de la turbulenta delegación de urbanismo, corresponsable de los conocidos escándalos urbanísticos durante el mandato de Antonio Rocha, que tanto daño han causado al municipio.
José Antonio Quiroga Quiroga
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