Comportarse cívicamente es, hoy más que nunca, fundamental para la convivencia en sociedad dada la multiplicidad de situaciones conflictivas que el desarrollo conlleva. Pero el civismo no atañe sólo a la ciudadanía sino también, y en primera instancia, a los regidores. Corresponde a éstos, como responsables del orden, el deber de establecer estructuras organizativas adecuadas: trama urbana, servicios y ordenanzas razonables adaptadas a las realidades física y económica en las que la vida se desarrolla, de modo que posibiliten y faciliten la armonía social, y de evitar someternos a innumerables servidumbres de difícil cumplimiento, como acostumbra a suceder en la estresada Sociedad del Bienestar.
Toda pena o sanción conlleva, inevitablemente, un mensaje de disuasión, pero el fin disuasorio no debe erigirse en categoría y prevalecer imponiéndose al concepto de estricta justicia de expiación de culpas y resarcimiento de daños en términos de equidad y proporcionalidad. El incuestionable derecho a castigar que le asiste al poder se ha expresado históricamente a través del “furor y horror puniendi”, en forma de trágicos escarmientos, primero, y correctivos ejemplarizantes, más tarde; y ahora, contemporáneamente, transmutado en delirium recaudatorio en el ámbito de los servicios de la Administración.
Cuando un ciudadano/a acumula un importe por sanciones de 17.000 euros por infringir reiteradamente, algo tan convencional e inocuo como el estacionamiento en la zona ORA, por muy reincidente que sea, cabe preguntarse en qué clase de ogro opresor se ha convertido la Administración Local. Considero abusivo sancionar con 31 euros (Vigo), 24 euros en otros ayuntamientos del entorno, el sobrepasar el límite horario del ticket comprobante, y avasallador multar con 310 euros (Vigo), 92 euros (otros) si no se identifica el conductor o exceder el límite horario indicado en el ticket en más de dos horas. No es manca tampoco, repartiendo palos, la Dirección General de Tráfico en lo que a estacionamiento concierne en lugares que no comportan riesgo alguno o mayor obstáculo. Juzguen ustedes: 200 euros por invadir acera o paseo, no importa en qué medida; 80 euros en zona prohibida por señal. En Alemania, donde los salarios son superiores a los de España, las infracciones que no comportan riesgo o grave molestia oscilan entre 10 y 20 euros. La vocación opresora –recaudadora es patente, p.e., en las sanciones por no recoger los excrementos de los perros, que en algunas localidades pueden alcanzar 1.500 euros.
La soberanía política como poder, que antes disponía arbitrariamente de las vidas de sus súbditos, ahora expresa su majestad disponiendo de los sueldos, las pensiones o los servicios sociales de la ciudadanía. Acostumbrada a enseñorearse de nuestros bolsillos, no repara en amputarle una pata, de una dentellada sancionadora, a los recortados salarios o críticas prestaciones por desempleo, poniendo a los infelices infractores inducidos en la situación de llegar a fin de mes cojeando o arrastrándose.
Tui, de febrero de 2012
Fdo: José Antonio Quiroga Quiroga
